El secretario de Minería, Luis Lucero, confirmó que el Ejecutivo tiene listo el texto de la modificación aclaratoria de la Ley de Glaciares, una pieza normativa que desde hace años frena desarrollos cupríferos estratégicos en provincias cordilleranas. La propuesta otorga a cada provincia la capacidad de definir científicamente sus ambientes periglaciares, devolviendo poder de gestión sobre los recursos naturales.

Lucero aseguró que se trabajó “meses en silencio” para consensuar una propuesta sólida y técnicamente consistente. El espíritu del cambio, dijo, es un ejercicio de federalismo real: que Buenos Aires no determine sobre el agua o la viabilidad de proyectos ubicados en territorios provinciales.

El debate no es aislado. La Ley de Glaciares es hoy una de las principales tensiones regulatorias que condicionan el potencial del RIGI, un régimen pensado para atraer grandes inversiones superiores a los US$ 25.000 millones. Sin una definición clara sobre el periglacial, los proyectos de cobre más importantes —como los de San Juan— no podrían avanzar con certeza jurídica.

Las posiciones ambientales advierten, sin embargo, sobre riesgos de retroceso en la protección hídrica. La discusión será intensa: el país necesita inversiones, pero también garantías sólidas para cuidar sus ecosistemas críticos. Encontrar ese equilibrio será determinante para no perder competitividad en un mercado global donde el cobre es indispensable.

Fuente: Latinmining con información de Mineria y Desarrollo