La discusión sobre el futuro del régimen de concesiones mineras volvió a instalar tensión en Perú luego de que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) cuestionara con dureza un proyecto legislativo que propone reducir de 30 a 15 años el plazo de las concesiones y eliminar su carácter irrevocable.

El gerente general del IIMP, Gustavo De Vinatea, sostuvo que la iniciativa carece de sustento técnico y podría generar un fuerte impacto negativo sobre la inversión formal. Según explicó, los proyectos mineros modernos requieren cada vez más tiempo para avanzar desde exploración hasta operación debido a mayores exigencias ambientales, sociales y regulatorias.

El ejecutivo señaló que actualmente el promedio global de desarrollo de un proyecto minero ronda los 28 años, mientras que en Perú puede alcanzar hasta 40 años. En ese contexto, reducir la duración de las concesiones generaría mayor incertidumbre jurídica justo cuando los proyectos se vuelven más complejos y costosos de desarrollar.

La advertencia además incorpora un componente particularmente sensible para Perú: la minería ilegal. Desde el IIMP sostienen que las modificaciones terminarían favoreciendo justamente a actores que operan fuera del sistema formal, ya que desincentivarían nuevas inversiones y debilitarían la presencia de compañías que cumplen estándares ambientales y tributarios.

El debate aparece en un momento donde la competencia regional por capital minero empieza a intensificarse. Países como Argentina, Chile y Ecuador avanzan con esquemas de incentivos y agilización regulatoria para captar proyectos, mientras Perú enfrenta discusiones internas que podrían afectar su competitividad.

La discusión de fondo vuelve a ser la misma que atraviesa gran parte de la minería latinoamericana: cómo equilibrar control estatal, seguridad jurídica y desarrollo de inversiones en un contexto donde los minerales críticos ganan cada vez más relevancia global.