El proyecto de Presupuesto Nacional 2027, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre, no contiene un capítulo específicamente dedicado a la minería. Sin embargo, una lectura conjunta de sus principales variables permite identificar el lugar que el Gobierno proyecta para la actividad dentro de su estrategia económica.

La minería aparece vinculada al crecimiento de las exportaciones, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los beneficios tributarios de la Ley 24.196, el financiamiento del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la función presupuestaria denominada “Energía, Combustibles y Minería”.

El denominador común es claro: el proyecto presupuestario posiciona al sector fundamentalmente como generador esperado de inversión privada y nuevas exportaciones, mientras reserva al Estado nacional un papel más concentrado en incentivos, reglas de inversión y capacidad científico-técnica que en el financiamiento directo de los nuevos desarrollos.

Exportaciones y grandes inversiones

El Gobierno toma como antecedente el crecimiento reciente de la actividad. El mensaje que acompaña al Presupuesto señala que la producción argentina de litio aumentó 44,4% durante 2025, mientras sus exportaciones se aproximaron a los US$1.000 millones.

Al sumar oro y plata, las ventas mineras al exterior alcanzaron aproximadamente US$6.000 millones, prácticamente duplicando el promedio anual de US$2.900 millones registrado entre 2013 y 2023.

Para 2027, el escenario macroeconómico oficial contempla un crecimiento del PIB del 4%, una expansión de la inversión del 9,2% y un aumento del 8,5% en las cantidades exportadas.

El Gobierno proyecta exportaciones totales de bienes y servicios por US$133.984 millones y un superávit comercial de US$15.560 millones. Sin embargo, el Presupuesto no establece cuánto de ese incremento correspondería específicamente a la minería.

El RIGI como principal herramienta para las grandes inversiones

Dentro de este esquema, el RIGI ocupa un lugar central para vincular la expansión minera con la llegada de capital privado.

Al momento de elaborarse el proyecto presupuestario, el Ejecutivo contabilizaba 22 iniciativas aprobadas y otras 23 en evaluación bajo el régimen. Las inversiones aprobadas, considerando todos los sectores alcanzados, comprometían en conjunto casi US$50.000 millones.

En minería, el documento menciona proyectos relacionados con extracción y procesamiento de oro, plata, cobre y litio, incluyendo producción de carbonato e hidróxido de litio.

Existe, sin embargo, una incógnita fiscal relevante. El proyecto reconoce que todavía no puede estimarse el gasto tributario asociado al RIGI, debido a que buena parte de las iniciativas adheridas permanece en etapas iniciales de implementación e inversión.

Esto no implica que los incentivos no tengan impacto fiscal, sino que su cuantificación queda pendiente hasta que los proyectos alcancen etapas más avanzadas.

La situación es diferente para la tradicional Ley de Inversiones Mineras 24.196. En ese caso, el Presupuesto estima un gasto tributario de $89.820 millones para 2027, frente a $71.971,2 millones calculados para 2026.

El incremento nominal alcanza el 24,8%, aunque el peso del régimen permanece equivalente al 0,01% del PIB.

SEGEMAR recibirá $19.054 millones

Otra de las partidas específicamente vinculadas con la minería corresponde al SEGEMAR.

El organismo tendrá asignados $19.054 millones durante 2027, frente a los $15.330 millones presupuestados para 2026, lo que representa un aumento nominal del 24,3%.

Del total, $17.958 millones corresponden a gastos corrientes y $1.096 millones a inversión real directa. Esta última partida muestra un incremento nominal cercano al 42% frente a los $772 millones del ejercicio anterior.

A su vez, aproximadamente $15.358 millones —alrededor del 81% del presupuesto del organismo— estarán destinados a remuneraciones, reflejando una estructura orientada principalmente a la generación de información geológica, asistencia tecnológica, estudios y monitoreo.

El desafío de la infraestructura minera

Uno de los puntos más significativos aparece, paradójicamente, en aquello que no está individualizado dentro del Presupuesto.

El proyecto no identifica un programa nacional específico destinado a financiar infraestructura asociada al crecimiento minero. No aparecen partidas diferenciadas para accesos a yacimientos, rutas de alta montaña, líneas eléctricas, infraestructura hídrica, pasos fronterizos o corredores logísticos requeridos por futuros desarrollos de cobre, litio, oro y plata.

La orientación general del Presupuesto ayuda a explicar esa ausencia. El Ejecutivo plantea restricciones para la inversión pública y contempla que determinadas obras puedan quedar bajo responsabilidad de jurisdicciones locales o avanzar mediante mecanismos de gestión y financiamiento privado.

Para la minería, esto abre una discusión que crecerá a medida que los grandes proyectos se aproximen a construcción: quién financiará la infraestructura necesaria para convertir recursos geológicos en operaciones productivas.

Las alternativas podrían incluir inversiones directas de las compañías, infraestructura compartida entre varios proyectos, acuerdos público-privados y financiamiento provincial o multilateral. El proyecto presupuestario no determina cuál deberá utilizarse, pero tampoco coloca al Estado nacional como gran financiador directo de esas obras.

El Presupuesto 2027 —que ahora deberá atravesar el debate parlamentario y puede sufrir modificaciones— deja así una orientación definida para el sector: Argentina espera que la minería aumente su participación en las inversiones y exportaciones, pero apuesta principalmente a incentivos y capital privado para conseguirlo.

Con proyectos de cobre, litio, oro y plata avanzando hacia etapas de mayor escala, la discusión comenzará a trasladarse desde el potencial geológico hacia las condiciones necesarias para convertir esas inversiones en producción: financiamiento, infraestructura, energía, logística y capacidad de ejecución.