Perú continúa avanzando sobre una de las variables que considera centrales para ampliar su producción minera: transformar proyectos en inversiones efectivamente autorizadas.
Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) otorgó 150 permisos y autorizaciones correspondientes a proyectos ubicados en diferentes etapas de desarrollo.
Según los datos presentados por el organismo, las decisiones se encuentran vinculadas con inversiones que superan en conjunto los US$3.067 millones.
Entre los principales proyectos mencionados aparecen Zafranal, en Arequipa; Antapaccay y Constancia, en Cusco; Carachugo Etapas 10 y 14, en Cajamarca; y Yumpag Carama, en Pasco.
87 permisos de beneficio, 39 de explotación y 24 de exploración
Las autorizaciones no corresponden a una única etapa del ciclo minero.
De acuerdo con la información del MINEM, 87 permisos estuvieron relacionados con concesiones de beneficio, 39 con explotación y 24 con exploración.
La distribución muestra que el volumen de decisiones administrativas abarca desde la búsqueda y evaluación de nuevos recursos hasta operaciones que buscan desarrollar o ampliar capacidad productiva.
El Gobierno estableció como objetivo sectorial viabilizar 240 proyectos durante 2026, por lo que las 150 autorizaciones otorgadas hasta agosto representan una parte importante de la meta anual informada.
La minería representa el 9,1% del PBI peruano
Durante la presentación de los datos ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, el ministro Guillermo Shinno destacó el peso económico que mantiene la actividad.
“El sector minero representa el 9,1% del PBI nacional, concentra el 67,8% de las exportaciones totales de Perú y su impacto indirecto e inducido en empleo alcanza a 2,1 millones de puestos de trabajo”.
Las cifras permiten entender por qué el ritmo de autorizaciones adquirió un lugar importante dentro de la agenda sectorial: cada nuevo proyecto que consigue avanzar hacia inversión y construcción puede tener efectos sobre exportaciones, contratación de proveedores, empleo e infraestructura.
Al mismo tiempo, una autorización administrativa constituye solamente una etapa del desarrollo. Los proyectos todavía deben completar, según corresponda, financiamiento, ingeniería, construcción y otros requisitos antes de traducirse en nueva producción.
Después de un máximo de inversión en 2025
El aumento de las autorizaciones llega después de un año particularmente fuerte para la inversión minera peruana.
Durante 2025 se ejecutaron US$6.279 millones, el mayor valor registrado por el país durante la última década, según los datos presentados por el Ministerio.
Para 2026, la proyección oficial es superar los US$7.000 millones de inversión minera, siempre que continúe el ritmo de autorizaciones y se avance sobre los permisos relacionados con exploración y beneficio.
Alcanzar esa cifra implicaría superar nuevamente el máximo reciente y reforzar la recuperación de la inversión en uno de los principales productores mineros de América Latina.
El desafío, sin embargo, no termina en contabilizar permisos.
Como muestran los propios proyectos incluidos entre las autorizaciones de 2026, el ciclo minero incluye distintas etapas y puede extenderse durante años. El verdadero impacto productivo dependerá de cuántas de esas iniciativas consigan transformar las autorizaciones obtenidas en capital efectivamente ejecutado, construcción, expansiones y nueva producción.
Con más de US$3.067 millones vinculados con autorizaciones en apenas ocho meses y una meta anual superior a US$7.000 millones de inversión, Perú busca acelerar precisamente esa transición: reducir la distancia entre la cartera existente y los proyectos que efectivamente avanzan sobre el terreno.
