Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló que tres entidades fundamentales para destrabar inversiones mineras en Perú —el Senace, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Ministerio de Energía y Minas— recibieron en conjunto menos de S/ 90 millones en el presupuesto de 2025.

El análisis advierte que, pese a gestionar una cartera de proyectos valorizada en USD 64.000 millones, estas instituciones cuentan con recursos insuficientes para cumplir sus funciones. El Senace, por ejemplo, tendrá una reducción del 7,1 % para 2026, quedando en S/ 53 millones. La OGGS, por su parte, enfrenta un recorte del 44 % en comparación con hace cinco años, mientras que la ANA mantiene un presupuesto inestable con proyección de S/ 27 millones.

Paola Herrera Gaspar, economista senior del IPE, sostuvo que “el Estado debe alinear la asignación de presupuesto con el nivel de responsabilidad de cada entidad”, ya que las demoras en evaluaciones ambientales y sociales continúan siendo un obstáculo crítico para nuevas inversiones.

El informe también advierte sobre la minería ilegal, que cuenta con S/ 126 millones en 2025, pero cuyo aumento refleja una respuesta reactiva más que preventiva. Según Herrera, “el desafío es integrar la formalización, la interdicción y alternativas productivas sostenibles” para frenar esta problemática.

Fuente: Latinmining con información de Rumbo Minero