A través de los decretos 2805 y 2806, publicados en el Boletín Oficial y firmados por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Jimena Latorre, entraron en vigencia el nuevo régimen de Regalías Mineras y la creación del Fondo de Compensación Ambiental. No se trata de normas accesorias: son las herramientas que definen cómo se reparte la renta minera y cómo se gestionan los impactos ambientales.
En términos políticos, el mensaje es claro: Mendoza no solo habilita proyectos, sino que ordena reglas, distribución y control, un reclamo histórico dentro de la propia sociedad mendocina.
El régimen de regalías fija una alícuota base del 3% sobre el valor boca mina, alineada con la Ley Nacional de Inversiones Mineras, pero incorpora un elemento central: para proyectos que aún no hayan iniciado la construcción de la etapa de explotación, se habilita una alícuota progresiva y móvil que puede llegar hasta el 5%. Esto le permite a la provincia capturar mayor renta sin romper el marco nacional.
La ley también introduce incentivos diferenciales para proyectos que incorporen valor agregado local, tecnologías limpias, obras de infraestructura con impacto social o estándares avanzados de inclusión ambiental, social y de género. Es decir, no solo se cobra más: se premia al mejor desempeño.
En cuanto a la distribución, el esquema marca otro punto político relevante. El 88% de lo recaudado irá a Rentas Generales, pero de ese total, un 15% se destinará al Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental, creado por la misma norma. Ese fondo financiará obras, proyectos productivos, infraestructura socioambiental, monitoreo, participación ciudadana y fortalecimiento institucional. El 12% restante será para los municipios donde se realice la actividad minera, siempre que adhieran al régimen, con uso exclusivo en obras públicas e infraestructura.
En paralelo, la creación del Fondo de Compensación Ambiental le pone un marco concreto a una de las discusiones más sensibles en Mendoza. El fondo estará destinado a restauración, mitigación y reparación de daños ambientales de incidencia colectiva, especialmente en casos donde los responsables no puedan afrontar los costos o frente a situaciones de emergencia. También concentrará las indemnizaciones por daño ambiental colectivo que determine la Justicia cuando no sea posible recomponer el ambiente original.
Con estas dos leyes en vigencia, Mendoza completa una secuencia que no es casual: primero la aprobación ambiental, luego el esquema de regalías, y finalmente un instrumento específico de compensación ambiental. El resultado es un modelo más completo, previsible y defendible desde lo político, lo social y lo técnico.
Para la provincia, el desafío ahora es doble: demostrar que el esquema funciona en la práctica y que el control ambiental no queda solo en el papel. Pero el mensaje de fondo ya está dado: Mendoza decidió avanzar, y lo hace con reglas propias, más exigentes y con mayor participación del Estado.
