La investigadora Carla Mares, de la Universidad del Pacífico, calificó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) como un sistema fallido que ha permitido la expansión de la minería ilegal en Perú. Según Mares, la falta de voluntad política ha sido un factor clave en el colapso del REINFO, que no logró formalizar al 80% de los mineros registrados desde su creación en 2012.

En respuesta, el Ejecutivo presentó la Ley MAPE, que establece zonas exclusivas para la minería artesanal, simplifica trámites administrativos y ofrece incentivos tributarios. También propone destinar hasta el 10% del canon minero a las regiones para supervisión y fiscalización, garantizando un control más riguroso sobre estas actividades.

Expertos coinciden en que la Ley MAPE es una oportunidad para combatir los impactos negativos de la minería ilegal, que incluye pérdidas económicas equivalentes al 2,5% del PBI y daños ambientales graves en la Amazonía. Su éxito dependerá de una implementación efectiva que equilibre sostenibilidad y desarrollo económico.