La escala que proyecta alcanzar la minería de San Juan durante los próximos años empieza a plantear un nuevo desafío: desarrollar una red de proveedores suficientemente grande y competitiva para responder a la demanda que generarán los futuros proyectos.

El ministro de Minería provincial, Juan Pablo Perea, planteó que ese crecimiento requerirá combinar el desarrollo de empresas locales con capacidades industriales que ya existen en otras regiones de Argentina.

La prioridad tendrá una lógica territorial clara: primero las comunidades directamente vinculadas con los proyectos, luego el resto de San Juan y posteriormente las empresas argentinas.

“Por supuesto, ante la misma calidad, competitividad y capacidad: primero comunidad, después provincia, después Argentina y después se verá”, explicó Perea.

La definición se produjo durante la presentación de dos estudios elaborados por el BID, la UIA, CAEM, CFI y Fundar que mapearon las oportunidades que podría generar el crecimiento de la minería para las empresas argentinas y las principales barreras que todavía enfrentan para ingresar a su cadena de valor.

“No queremos un mercado cautivo”

La estrategia sanjuanina no apunta, sin embargo, a cerrar el mercado provincial.

Perea reconoció que la dimensión de los proyectos que se preparan obliga a mirar hacia las capacidades productivas existentes en otras provincias y destacó particularmente sectores industriales que poseen una trayectoria considerable fuera de las jurisdicciones tradicionalmente mineras.

“¿Qué le vas a discutir de metalmecánica a Córdoba, a Santa Fe? Nosotros creemos en el asociativismo, en los consorcios de empresas”.

Para el funcionario, la minería argentina atraviesa un cambio de escala que también puede convertirse en una oportunidad para industrias que hasta ahora tuvieron una participación limitada dentro del sector.

San Juan pretende mantener criterios de arraigo local, pero incorporando proveedores externos cuando las capacidades provinciales no sean suficientes o determinados productos directamente no se fabriquen localmente.

“Nosotros en San Juan no estamos cerrados a eso. Hay criterios de arraigo local, pero estamos ante una ley que ha sido construida desde el consenso. Es una ley totalmente practicable, operativa. No queremos un mercado cautivo”, sostuvo Perea.

Objetivos de 80% de empleo y 60% de proveedores

La provincia trabaja actualmente en la reglamentación de su Ley de Desarrollo Local Minero.

A diferencia de un sistema de cupos rígidos, la normativa establece objetivos que deberán cumplir las empresas: 80% de trabajadores y 60% de proveedores.

Para instrumentarla se preparan dos matrices, una vinculada con el impacto socioeconómico y otra específicamente destinada a proveedores.

La reglamentación también deberá contemplar aquellos bienes y servicios que no pueden obtenerse dentro de San Juan. Perea mencionó como ejemplo los combustibles, debido a que la provincia no posee refinerías, y señaló que esos productos considerados insustituibles estarán exceptuados de los objetivos establecidos.

Para aquellos rubros donde sí existe capacidad productiva, la intención es que las empresas sanjuaninas puedan competir en condiciones de calidad y precio.

Certificaciones: una barrera para las pymes

Uno de los principales obstáculos aparece en las exigencias que deben cumplir las pequeñas y medianas empresas para transformarse en proveedoras de grandes compañías mineras.

Perea identificó particularmente el costo de las certificaciones exigidas por estándares internacionales como una de las barreras de ingreso para las pymes.

Para reducir esa dificultad, San Juan desarrolla programas como Calidad en Comunidad y Aprender, Trabajar y Producir, además de diferentes mecanismos de financiamiento destinados a acercar a las empresas locales a los estándares requeridos por la industria.

La mirada provincial apunta incluso más allá del mercado minero argentino.

“Estamos preparados para competir en otros países”, afirmó Perea al plantear que el crecimiento de la minería puede permitir que los proveedores desarrollen capacidades que posteriormente utilicen para ingresar a otros mercados.

Vicuña y US$250 millones para infraestructura

El desafío de proveedores aparece en paralelo con el avance de algunos de los grandes desarrollos que podrían modificar la escala minera de San Juan.

A comienzos de agosto, la provincia firmó un acuerdo con Vicuña que contempla un aporte único de US$250 millones destinado a infraestructura, además de un esquema de regalías del 3% sobre la facturación durante la vida útil del proyecto.

Perea aclaró que los US$250 millones no constituyen un adelanto de regalías. El aporte no será reembolsable ni compensable y funcionará de manera independiente de las regalías y de un fideicomiso equivalente al 1,5% establecido durante toda la vida útil del proyecto.

La primera obra definida por el Gobierno provincial será la Ruta 40 Norte, aunque el convenio también contempla infraestructura hídrica y de saneamiento.

El mecanismo tendrá una particularidad: San Juan deberá seleccionar, proyectar y ejecutar las obras antes de recibir los fondos correspondientes contra los certificados de avance.

“La provincia elige la obra, la proyecta, la ejecuta y va ingresando contra certificado de obra terminada. O sea, primero la obra, después el dinero”, explicó el ministro.

El acuerdo todavía deberá obtener la aprobación de la Legislatura provincial. Pero el debate sobre proveedores ya anticipa uno de los desafíos que acompañará a la próxima generación de proyectos sanjuaninos.

La apuesta será desarrollar empresas en las comunidades y dentro de San Juan sin convertir el componente local en una barrera para las capacidades existentes en otras provincias. Si la minería efectivamente da el salto de escala previsto, la cadena de proveedores también tendrá que hacerlo.