Eduardo Salhuana Cavides , presidente del Congreso de Perú, destacó la importancia de aprobar una nueva Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (Ley MAPE) para establecer un marco regulatorio definitivo que reemplace el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) . La ley, según Salhuana, debe estar acompañada de recursos presupuestarios, logística y compromiso político de los gobiernos nacionales y regionales, para enfrentar de manera estructurada los desafíos de la minería informal en el país.
El Reinfo, implementado en 2016 como una medida temporal para formalizar a mineros artesanales, ha mostrado limitaciones en su efectividad, con solo el 2.4% de los 87,111 mineros inscritos logrando completar el proceso de formalización. Este sistema temporal ha sido prorrogado en múltiples ocasiones, generando incertidumbre y dificultades para los mineros que buscan cumplir con los requisitos legales. La nueva Ley MAPE tiene como objetivo simplificar los requisitos para el sector artesanal y, al mismo tiempo, fortalecer el control estatal en un sector donde la informalidad es alta.
Salhuana explicó que la propuesta legislativa contemplaría la obligatoriedad de contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) , un instrumento de gestión ambiental y la inscripción en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para el control de bienes fiscalizados. Estas disposiciones permitirían al Estado realizar un seguimiento más efectivo de las actividades mineras y fiscalizar el cumplimiento de normas ambientales y tributarias. Además, la ley apunta a incorporar controles para proteger el medio ambiente y reducir el impacto negativo de la minería informal en ecosistemas vulnerables, que actualmente sufren las consecuencias de la extracción sin regulación.
Con una estimación de 430,000 mineros ilegales e informales operando fuera del sistema formal, el Congreso considera que la aprobación de la Ley MAPE sería un avance significativo hacia una minería más regulada y sostenible en el Perú. En este contexto, Salhuana resaltó que la formalización contribuiría también a mejorar las condiciones laborales de los mineros y reducir la influencia de economías ilegales en las comunidades mineras, promoviendo un desarrollo económico más inclusivo y responsable en las regiones afectadas por la minería no regulada.
