El desarrollo de nuevas fuentes de agua comienza a transformarse en uno de los grandes capítulos de infraestructura de Chile.

El país acumula 53 proyectos de infraestructura hídrica no convencional, actualmente en diferentes etapas de ingeniería o construcción, con inversiones estimadas en US$23.914 millones.

La cartera responde a una necesidad estructural: aumentar la disponibilidad del recurso en regiones sometidas a estrés hídrico y donde actividades como minería, agricultura y crecimiento urbano compiten por una oferta limitada.

Para la industria minera, la cuestión adquiere especial relevancia. Buena parte de los principales distritos de cobre chilenos se encuentran precisamente en las regiones más áridas del país.

26 plantas desaladoras por más de US$18.000 millones

La desalación concentra la mayor parte de las inversiones proyectadas.

Chile cuenta con 26 proyectos de plantas desaladoras, que representan aproximadamente US$18.290 millones.

A ellos se agregan ocho plantas de tratamiento de aguas residuales, con inversiones por US$439 millones, y 19 sistemas de extracción y transporte de agua, valuados en otros US$5.185 millones.

En conjunto, las tres categorías alcanzan los US$23.914 millones que conforman la cartera identificada.

Pero no todos estos proyectos se encuentran en el mismo nivel de maduración.

De los 53 desarrollos relevados, 33 ya cuentan con aprobación ambiental, 14 permanecen en evaluación y seis todavía no ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Esto significa que la cifra total representa una cartera de inversiones en distintas etapas, y no US$23.914 millones ya ejecutados.

La minería impulsa buena parte de la infraestructura

La actividad minera continúa siendo uno de los principales motores detrás del crecimiento de la desalación y de los sistemas de transporte de agua en Chile.

Durante años, varias compañías desarrollaron instalaciones destinadas específicamente a abastecer sus propias operaciones, buscando reducir la utilización de fuentes continentales en regiones sometidas a estrés hídrico.

Ese modelo comienza ahora a convivir con otra alternativa: infraestructura multipropósito.

La idea consiste en desarrollar sistemas capaces de abastecer simultáneamente a diferentes usuarios, incluyendo minería, agricultura, ciudades y localidades rurales.

El cambio podría modificar la lógica tradicional bajo la cual cada gran proyecto desarrolla individualmente su propia solución hídrica.

Antofagasta concentra casi US$8.000 millones

La distribución territorial de las inversiones muestra una fuerte concentración en las principales regiones mineras del país.

Antofagasta encabeza la cartera con US$7.936 millones, seguida por Coquimbo, con US$5.727 millones; Atacama, con US$3.984 millones; y Valparaíso, con US$3.401 millones.

Las cuatro regiones concentran buena parte de los principales proyectos mineros chilenos y enfrentan simultáneamente importantes desafíos relacionados con disponibilidad de agua.

La ubicación de la cartera muestra así hasta qué punto infraestructura hídrica y expansión minera comienzan a avanzar como dos componentes de una misma ecuación.

Compartir infraestructura para reducir costos

Los proyectos multipropósito presentan una posibilidad particularmente interesante para las futuras inversiones.

Una planta desaladora requiere no solamente captar y tratar agua de mar. También necesita sistemas de impulsión, tuberías, energía e infraestructura capaz de trasladar el recurso desde la costa hacia zonas que, en el caso de las operaciones mineras, pueden encontrarse a gran altura y cientos de kilómetros de distancia.

Compartir parte de esa infraestructura entre distintos usuarios podría permitir distribuir costos y evitar la duplicación de instalaciones, según el enfoque planteado en el relevamiento.

Pero también incorpora nuevos desafíos relacionados con regulación, planificación territorial, asignación del recurso y coordinación entre actores públicos y privados.

El agua entra definitivamente en la ecuación de las nuevas minas

La transición hacia fuentes no convencionales muestra cómo están cambiando los requisitos necesarios para desarrollar minería en regiones áridas.

Durante décadas, la evaluación de un proyecto estuvo dominada principalmente por variables como ley mineral, tonelaje, metalurgia, energía y acceso logístico. La disponibilidad de agua se ha convertido progresivamente en otra condición estructural.

Chile ya comenzó a responder mediante desalación, reutilización de aguas residuales y grandes sistemas de transporte.

La magnitud de la cartera muestra la escala del proceso: 53 proyectos y casi US$24.000 millones potenciales de inversión para generar y movilizar un recurso imprescindible tanto para las nuevas operaciones mineras como para las comunidades y otras actividades productivas.

El siguiente desafío será determinar cuántas de esas iniciativas consiguen avanzar efectivamente hacia construcción y qué modelo termina imponiéndose: instalaciones destinadas a operaciones individuales o grandes sistemas compartidos capaces de convertir el agua en infraestructura regional.