Perú busca acelerar una nueva etapa de inversiones mineras. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, presentó una agenda que apunta a movilizar aproximadamente US$40.000 millones durante los próximos cinco años, con la minería y la energía como dos de los principales motores para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo territorial del país.

Dentro del sector minero, el Gobierno identificó tres desafíos prioritarios: la permisología, los conflictos sociales y la minería ilegal. Frente a este escenario, una de las principales medidas será avanzar con una reforma destinada a agilizar los procedimientos administrativos y acelerar proyectos que actualmente permanecen en diferentes etapas de tramitación.

Según Shinno, alrededor de 14 iniciativas mineras podrían beneficiarse directamente de este proceso de simplificación y agilización de permisos.

La intención es reducir los tiempos que enfrentan las inversiones sin eliminar las instancias necesarias de evaluación y control, buscando generar mejores condiciones para que proyectos ya identificados puedan avanzar hacia sus próximas etapas.

El canon minero y el desafío de que el desarrollo llegue a las comunidades

Otro de los puntos centrales de la agenda presentada por el ministro está relacionado con el impacto territorial de la actividad minera.

El Gobierno peruano busca modificar la manera en que una parte de los recursos provenientes del canon minero llega a las zonas directamente vinculadas con las operaciones y proyectos.

La propuesta apunta a establecer que una proporción de esos fondos sea destinada obligatoriamente a las comunidades ubicadas dentro de las áreas de influencia minera, con el objetivo de fortalecer la relación entre el desarrollo de los proyectos y las mejoras concretas en los territorios.

Shinno resumió el objetivo detrás de esta iniciativa con una definición directa:

“Queremos que la gente empiece a sentir que efectivamente está llegando el progreso”.

El planteo coloca sobre la mesa uno de los desafíos históricos de la minería peruana: conseguir que el crecimiento de la actividad y los importantes recursos fiscales que genera puedan traducirse de manera más visible en infraestructura, servicios y oportunidades para las poblaciones cercanas a los proyectos.

US$40.000 millones para los próximos cinco años

La reforma de permisos forma parte de una estrategia más amplia para canalizar alrededor de US$40.000 millones en inversiones minero-energéticas durante los próximos cinco años.

El objetivo supone acelerar proyectos que ya forman parte de la cartera peruana y generar condiciones que permitan sostener nuevas inversiones en un contexto internacional donde minerales como el cobre adquieren cada vez mayor relevancia estratégica.

La agenda también contempla medidas destinadas al sector energético y a reducir brechas de acceso a servicios básicos, con iniciativas orientadas a ampliar la cobertura eléctrica y el acceso al gas natural en diferentes regiones del país.

Para Perú, el desafío será convertir su extensa cartera de recursos y proyectos en inversiones efectivamente ejecutadas. La disponibilidad geológica continúa siendo una de sus principales ventajas competitivas, pero los tiempos regulatorios, la conflictividad territorial y la minería ilegal siguen apareciendo entre los factores que condicionan la velocidad de desarrollo.

Con una reforma de permisos que apunta inicialmente a 14 proyectos y una proyección cercana a US$40.000 millones de inversión, el Gobierno busca atacar algunos de esos obstáculos y acelerar la transformación de proyectos en nuevas operaciones.

La estrategia, sin embargo, incorpora otro elemento que será determinante para su sostenibilidad: que una mayor inversión minera pueda percibirse también en las comunidades donde se desarrolla la actividad, fortaleciendo el vínculo entre producción, recursos fiscales y desarrollo territorial.