En medio del avance legislativo para modificar la Ley de Glaciares, el especialista en gestión ambiental y políticas públicas Leonardo Pflüger analizó el escenario actual y sostuvo que la discusión se está dando en un clima altamente polarizado, donde las posiciones políticas e ideológicas dificultan la construcción de consensos técnicos. Según planteó, el modo en que se está abordando la reforma podría terminar generando mayor conflictividad en lugar de resolver la incertidumbre existente.

Argentina es el único país que cuenta con una ley específica de protección de glaciares, m

ientras que otras jurisdicciones con actividad minera y presencia glaciar, como Chile, funcionan bajo esquemas regulatorios distintos y sin prohibiciones generales. Desde esta perspectiva, el debate actual aparece atravesado por dos enfoques contrapuestos: uno de carácter más ideológico desde el ambientalismo y otro más pragmático desde el sector productivo, lo que dificulta la construcción de una solución intermedia con criterios técnicos compartidos.

El especialista también cuestionó que la discusión intente resolverse únicamente desde la ciencia, cuando —según explicó— el conflicto tiene un fuerte componente jurídico y regulatorio. En ese sentido, advirtió que la modificación propuesta podría generar un escenario de mayor judicialización, al abrir interpretaciones distintas sobre el alcance de la norma y el rol de las provincias en la definición del inventario glaciar.

Pflüger consideró además que el debate legislativo se da en un momento donde la conflictividad minera venía reduciéndose, por lo que el tratamiento de la ley podría reactivar tensiones sociales. “Es un shot de adrenalina para el movimiento antiminero”, sostuvo, al señalar que la discusión pública podría reordenar posiciones y volver a instalar el tema en el centro del debate político y social.

En esa línea, remarcó que cualquier modificación debería contemplar procesos participativos más amplios y criterios técnicos claros, con mayor involucramiento de universidades, organismos científicos y autoridades provinciales. A su entender, reforzar la rigurosidad en los estudios de impacto ambiental y transparentar los procesos de evaluación resultan claves para reducir la incertidumbre y evitar conflictos futuros.

Más allá del resultado legislativo, el análisis deja una advertencia: la reforma de la Ley de Glaciares no solo tendrá efectos regulatorios, sino también políticos y sociales. En un escenario de creciente demanda por minerales críticos, la forma en que se resuelva este debate podría influir directamente en la seguridad jurídica y en la percepción pública del desarrollo minero en Argentina.