Chile dio un nuevo paso en su estrategia para fortalecer la competitividad de su industria minera. Durante la Cuenta Pública 2026 del Ministerio de Minería, realizada en la ciudad de Iquique, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, anunció el envío a la Contraloría General de la República de las modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera, una reforma orientada a simplificar los procesos administrativos y reducir los tiempos necesarios para poner en marcha nuevos proyectos de inversión.

El cambio normativo permitirá consolidar 55 autorizaciones sectoriales en apenas 13 permisos, incorporando además 18 Técnicas Habilitantes Alternativas (THA) que podrán tramitarse mediante declaraciones juradas. El objetivo es agilizar el inicio de las obras sin reducir las exigencias en materia de seguridad minera y protección ambiental, uno de los principales reclamos que la industria venía planteando para mejorar la competitividad del país frente a otros destinos de inversión.

Según explicó el ministro, la reforma forma parte del plan de gobierno para el período 2026-2030, cuyos principales ejes son otorgar mayor certeza jurídica, modernizar los marcos regulatorios y fortalecer la institucionalidad técnica para responder con mayor rapidez al crecimiento de la actividad minera. La iniciativa también se articula con la nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, destinada a reducir los tiempos de tramitación de proyectos estratégicos.

Los anuncios llegan acompañados de un fuerte dinamismo en materia de inversiones. Durante la presentación, las autoridades informaron que 15 proyectos mineros por un total de US$24.000 millones ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el mayor volumen registrado desde que el organismo mantiene estadísticas. La cifra refleja el renovado interés por desarrollar nuevas iniciativas en el país y consolida una de las carteras de inversión más importantes de los últimos años.

El Gobierno también informó que trabaja junto al Ministerio del Medio Ambiente en una modificación del reglamento de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, actualmente en consulta pública, con el objetivo de modernizar los procedimientos ambientales sin alterar los estándares de protección vigentes. Paralelamente, avanza en el Congreso un proyecto para simplificar el régimen de patentes mineras y continúa la reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina, considerado estratégico para impulsar proyectos binacionales.

En paralelo, las autoridades presentaron el plan "Minería en Marcha", una estrategia de coordinación público-privada destinada a asistir a la pequeña y mediana minería afectada por los recientes sistemas frontales en las regiones de Coquimbo y Atacama. El programa contempla el despeje de caminos, inspecciones de seguridad en las faenas y la reactivación de las operaciones, con participación de organismos como Sernageomin, ENAMI, Corfo, BancoEstado y el Ministerio de Obras Públicas.

La reforma representa uno de los cambios regulatorios más relevantes impulsados por Chile en los últimos años. En una industria donde los tiempos de aprobación pueden definir la competitividad de un país frente a otros destinos de inversión, la simplificación de los procedimientos administrativos busca reducir costos, entregar mayor previsibilidad y acelerar la ejecución de proyectos sin renunciar a los estándares técnicos y ambientales.

Con una cartera récord de inversiones, una agenda enfocada en la modernización regulatoria y nuevas herramientas para agilizar el desarrollo de proyectos, Chile busca consolidar su liderazgo minero en la región. La combinación entre mayor certeza jurídica, procesos más eficientes e importantes inversiones en evaluación ambiental configura un escenario que podría impulsar una nueva etapa de crecimiento para la principal industria exportadora del país.