El Gobierno chileno avanzó con una nueva agenda minera orientada a reactivar inversiones y mejorar la competitividad del sector, con el objetivo de destrabar más de US$17.000 millones en proyectos actualmente en evaluación ambiental.

La estrategia parte de un diagnóstico claro: la falta de certeza jurídica y los incentivos limitados a la exploración han condicionado el desarrollo del sector en los últimos años. En ese marco, el Ejecutivo propone fortalecer el rol del Estado como facilitador de inversiones, a través de ajustes regulatorios y administrativos que permitan acelerar los tiempos de desarrollo.

Uno de los ejes centrales es reposicionar la exploración minera dentro de la política pública. El Gobierno analiza la implementación de incentivos específicos para etapas tempranas, incluyendo medidas tributarias y la creación de marcos diferenciados para minerales estratégicos como las tierras raras.

Al mismo tiempo, se plantea una revisión del sistema de concesiones. La reforma al régimen de patentes mineras apunta a reducir la especulación y fomentar el desarrollo efectivo de los proyectos, especialmente en segmentos de menor escala donde muchas pertenencias permanecen sin actividad productiva.

La agenda también incluye cambios en la institucionalidad. Se anticipa una modernización de ENAMI, con foco en eficiencia y fortalecimiento de su rol en la pequeña y mediana minería, junto con una revisión de la situación de Codelco, en un contexto donde la estatal enfrenta desafíos operativos y financieros.

En paralelo, el Gobierno busca mejorar la transparencia en el uso del royalty minero, incorporando mecanismos que permitan visibilizar su impacto en obras públicas y programas sociales.

Más allá de las medidas específicas, la hoja de ruta refleja un objetivo más amplio: reposicionar a Chile en un escenario global donde la competencia por inversiones mineras se intensifica y donde los minerales críticos empiezan a definir el ritmo del crecimiento económico.

Fuente: Latinmining con información de Reporte Minero