Chile prepara una nueva etapa para acelerar sus inversiones mineras con una estrategia que apunta a movilizar una mayor participación del capital privado, tanto en cobre como en litio, y reducir algunas de las barreras administrativas que condicionan el desarrollo de nuevos proyectos.

Uno de los principales ejes será profundizar el modelo de asociaciones entre Codelco y compañías privadas, una fórmula que el país ya utiliza en diferentes activos y que el Gobierno pretende ampliar como mecanismo para desarrollar nuevas inversiones.

La estrategia toma como referencia las asociaciones y acuerdos que la minera estatal mantiene con grandes compañías internacionales como Freeport-McMoRan, Teck, SQM, Anglo American y Rio Tinto, buscando combinar los activos y experiencia de Codelco con capacidad financiera, tecnológica y operativa proveniente del sector privado.

El planteo adquiere especial relevancia en un momento en que Chile busca sostener su liderazgo internacional en cobre y, simultáneamente, ampliar su capacidad de producción de litio.

Más participación privada en el desarrollo del litio

La apertura al capital privado también alcanzará a la industria del litio.

El Gobierno confirmó que dos Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) ya fueron enviados a la Contraloría General de la República, mientras que otros tres contratos serán presentados posteriormente.

La intención es avanzar con nuevos desarrollos y generar una participación privada más amplia dentro de la estrategia chilena para el mineral.

El movimiento se suma a las decisiones adoptadas durante los últimos meses para acelerar proyectos vinculados con minerales críticos y ampliar las alternativas disponibles para desarrollar recursos que requieren autorizaciones especiales por parte del Estado.

Para Chile, el desafío consiste en transformar su importante base de recursos en nueva capacidad productiva en un escenario internacional donde la demanda de cobre y litio continúa vinculándose con la electrificación, el almacenamiento energético y la expansión de infraestructura.

Menos permisos y declaraciones juradas para acelerar proyectos

El segundo gran componente de la estrategia está relacionado con la simplificación regulatoria.

El Ejecutivo trabaja en una reducción de los procedimientos administrativos que deben atravesar los proyectos de inversión. Según la información presentada, alrededor de 50 permisos ya fueron transformados en declaraciones juradas, mientras el objetivo es elevar esa cantidad hasta aproximadamente 90.

El cambio busca reemplazar determinadas autorizaciones previas por mecanismos de declaración y fiscalización posterior, reduciendo los tiempos administrativos asociados con la puesta en marcha de inversiones.

La agenda incluye además la eliminación de 40 trámites tributarios y otras modificaciones destinadas a disminuir la carga regulatoria sobre las empresas.

Dentro de las medidas económicas señaladas aparece también una reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% hasta el 23% para nuevos proyectos, como parte de la estrategia destinada a mejorar las condiciones para atraer capital.

US$24.500 millones de proyectos mineros en evaluación

La agenda gubernamental coincide con un importante volumen de inversiones mineras que buscan avanzar en Chile.

De acuerdo con los datos presentados, 21 proyectos mineros por aproximadamente US$24.500 millones representan el 63% del monto total de inversiones recientemente ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La cifra vuelve a colocar a la minería como uno de los principales componentes de la cartera de inversión del país y dimensiona el efecto que los tiempos regulatorios pueden tener sobre el ritmo de ejecución de capital.

El desafío será conseguir que una parte creciente de esa cartera pueda transitar desde la evaluación y los permisos hacia la construcción y posterior operación.

En ese escenario, las asociaciones público-privadas adquieren una importancia adicional. Los grandes proyectos de cobre requieren inversiones de largo plazo y capital intensivo, mientras el desarrollo del litio exige simultáneamente definir mecanismos contractuales y regulatorios que permitan incorporar nuevas operaciones.

Chile busca abordar ambos frentes de manera paralela: más asociaciones con privados para desarrollar recursos y una estructura administrativa que reduzca los tiempos necesarios para convertir inversiones proyectadas en proyectos ejecutados.

Con US$24.500 millones en iniciativas mineras recientemente ingresadas a evaluación ambiental, cinco CEOL avanzando en diferentes instancias y una nueva agenda de simplificación regulatoria, la discusión comienza a desplazarse desde la disponibilidad de recursos hacia la capacidad de movilizar capital y acelerar su desarrollo.