El desarrollo del litio en Bolivia sufrió un fuerte revés judicial. Un tribunal de la localidad de Colcha K (Potosí) ordenó la suspensión de dos contratos firmados en 2023 y 2024 por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con el consorcio chino CBC, liderado por CATL, y la rusa Uranium One Group, filial de Rosatom.

Ambos acuerdos apuntaban a instalar plantas de extracción directa de litio (EDL) en el Salar de Uyuni, considerado una de las mayores reservas del mundo. Se preveía una producción conjunta de 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio, con una inversión total estimada en más de US$ 2.000 millones.

La suspensión judicial responde a una denuncia presentada por comunidades indígenas, que alegan violaciones ambientales y omisión de consulta previa. Si bien el gobierno aún no fue notificado formalmente, el fallo prohíbe a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos y Energía realizar gestiones administrativas u operativas hasta que se resuelva el litigio.

El contrato con Uranium One también fue criticado por la Fundación Milenio, que denunció desequilibrios financieros: Bolivia asumiría todos los costos de construcción y exploración, mientras que el socio ruso no estaría obligado a operar la planta.

La decisión judicial vuelve a exponer la fragilidad institucional del país y la falta de consensos sólidos para avanzar en la industrialización del litio, cuya reserva fue estimada en 23 millones de toneladas.