El proyecto —rebautizado como PSJ Cobre Mendocino— obtuvo media sanción a su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en una sesión cargada de tensión social y política. Afuera, movilizaciones; adentro, un debate que mezcló pasado, reproches, expectativas y un mensaje nítido del oficialismo: Mendoza quiere volver a tener minería.
Pero esto es apenas el primer paso: ahora será el Senado quien tenga la palabra final.
Una historia que vuelve, pero con reglas nuevas
El antecedente es conocido: en 2011, San Jorge fue rechazado por unanimidad, en pleno auge de la resistencia ambiental. Mendoza se atrincheró detrás de la Ley 7722, transformada en símbolo y límite. Y durante más de diez años, la palabra “minería” quedó congelada.
Hoy, el escenario cambió. No porque haya desaparecido la conflictividad, sino porque la provincia decidió jugar otra carta:
- -Procesos más estrictos
- -Mayor transparencia
- -Marco normativo actualizado
- -Y un paquete legislativo que incluye regalías, fondos compensadores y controles más visibles.
La política también hizo su parte. El gobernador Alfredo Cornejo apostó fuerte: quiere que San Jorge sea su sello de gestión y la puerta de entrada a una matriz productiva más amplia.
Qué puede significar San Jorge para Mendoza
El proyecto prevé una inversión estimada de más de US$ 500 millones, producción de cobre y una operación diseñada bajo parámetros compatibles con la legislación provincial. La empresa asegura que el uso de agua se hará con altos niveles de recirculación y con controles continuos.
Si la operación avanza hacia la construcción, Mendoza podría activar una cadena productiva prácticamente inexplorada:
- Empleo directo e indirecto, especialmente en zonas con pocas alternativas laborales.
- Proveedores locales que pueden diversificar y crecer.
- Mejoras en infraestructura asociada a transporte, logística y servicios.
- Regalías y fondos ambientales que, bien gestionados, podrían impulsar obras y programas de desarrollo territorial.
Para una provincia históricamente apoyada en la vitivinicultura, el turismo y la agroindustria, el cobre abre una ventana estratégica en medio de un mercado global donde los metales críticos están ganando protagonismo.
Las dudas que persisten
Mendoza no es ingenua ni amnésica. La conflictividad ambiental sigue presente. Sectores científicos y comunitarios expresaron objeciones sobre impactos, dictámenes previos y manejo del agua. Parte del desafío será demostrar —con evidencia pública y controles visibles— que esta generación de proyectos opera con estándares distintos a los de hace veinte años.
La credibilidad será tan importante como la técnica.
Si falla, todo el andamiaje político se resiente.
Si se sostiene, Mendoza puede volver a sentarse en la mesa minera nacional con otro peso específico.
Lo que viene: un Senado que define el capítulo decisivo
Con la media sanción consumada, el futuro inmediato de San Jorge se traslada ahora al Senado provincial, donde se dará el debate final. Ahí se verá si Mendoza consolida este cambio de era o si la discusión vuelve a empantanarse en posiciones irreconciliables.
La Cámara Alta no solo deberá evaluar la DIA: deberá validar un rumbo político.
San Jorge se convirtió en el primer test real del nuevo esquema minero mendocino.
Si pasa el filtro del Senado, la provincia podría dar inicio a su primera operación metalífera de cobre en décadas. Si no, Mendoza quedará nuevamente atrapada entre su potencial geológico y sus contradicciones internas.