El Protocolo de Integración Minera entre Argentina y Chile vuelve a estar en el centro de la polémica. A más de una semana de consultas sin respuesta oficial, persisten las dudas sobre si existen controles efectivos en Vicuña, donde circulan camionetas, trabajadores y bienes chilenos del lado argentino.

El silencio del Ministerio de Economía y la falta de garitas específicas refuerzan las sospechas de que la zona se maneja mediante declaraciones juradas. Proveedores locales advierten sobre la competencia desigual que genera esta situación, en un contexto donde empresas como BHP y Lundin operan proyectos a ambos lados de la cordillera.

Sin controles claros, el Protocolo Vicuña pierde legitimidad y abre grietas en la confianza social. Garantizar la transparencia es esencial para sostener el desarrollo de los proyectos binacionales y evitar tensiones políticas y económicas.