El gerente general del Instituto Peruano de Economía ( IPE ), Carlos Gallardo , advirtió que el presupuesto para combatir la minería ilegal en Perú se ha reducido en un 37% en los últimos cinco años. Este recorte limita las acciones de erradicación y la capacidad operativa del alto comisionado para la minería ilegal, según Gallardo.

Además, destacó la necesidad de una estrategia integral que incluya trazabilidad del oro y acuerdos con países importadores como Estados Unidos, Suiza e India para garantizar que los minerales exportados sean legales. “Sin una coordinación entre instituciones y países, será difícil avanzar”, afirmó.

El impacto de la minería ilegal no solo afecta al medio ambiente, sino que también erosiona la economía formal. Según el IPE, una articulación efectiva entre gobierno, empresas y comunidad internacional es clave para frenar esta problemática creciente.