Mendoza acaba de hacer historia. Con 29 votos afirmativos, el Senado provincial aprobó la rectificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino, confirmando el aval que ya había otorgado la Cámara de Diputados y abriendo la puerta a la que podría convertirse en la primera mina de cobre en producción del país bajo marco regulatorio posterior a la Ley 7722.

La sesión estuvo marcada por la tensión de estas semanas, pero también por un consenso transversal: Mendoza necesita diversificar su matriz productiva, atraer inversiones y garantizar estándares ambientales exigentes. Legisladores de distintos bloques insistieron en la necesidad de controles estrictos, monitoreo hídrico y empleo local, pilares que se convirtieron en el núcleo del debate.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, celebró la decisión como “un paso histórico” que permite ampliar el desarrollo productivo sin renunciar al cuidado ambiental. La vicegobernadora Hebe Casado también destacó el valor político del momento, afirmando que el proyecto refleja “un camino de desarrollo real, con reglas claras y control ambiental”.

Un proyecto que redefine el mapa minero de Mendoza

PSJ Cobre Mendocino se ubica en Uspallata, departamento de Las Heras, entre 2.400 y 2.900 metros de altura, a menos de 100 km de la capital provincial. El proyecto planea producir 40.000 toneladas anuales de cobre fino, con una vida útil inicial de 16 años y un potencial de extensión a 27 años.

Su diseño técnico incorpora un proceso de flotación sin ácido sulfúrico, cianuro ni mercurio, alineado con la Ley 7722 y con estándares internacionales para proyectos de mediana envergadura. El CAPEX estimado es de US$ 559 millones, con inversiones inmediatas por US$ 15 millones apenas comenzada la etapa post-aprobación.

La construcción demandará entre 12 y 18 meses, según los cronogramas preliminares.

El significado de este voto: más que minería, una redefinición de identidad productiva

San Jorge no es solo un proyecto: es la síntesis de 17 años de discusión social, técnica y política. Y su aprobación final implica varias cosas al mismo tiempo:

• Que Mendoza vuelve a insertarse en el mapa minero nacional.
• Que la provincia reconoce la necesidad de diversificar su economía más allá del agro, la vitivinicultura y los servicios.
• Que el Estado asume un rol más activo en control ambiental y monitoreo ciudadano.
• Que se abre un precedente para futuros desarrollos de cobre, un mineral crítico para la transición energética.

El desafío será enorme: construir confianza social, asegurar transparencia y demostrar que una operación minera moderna puede convivir con la sensibilidad ambiental mendocina. Si este equilibrio se sostiene, San Jorge puede convertirse en un hito que marque una nueva era para la provincia.