El Senado tratará una reforma impulsada por el Gobierno nacional que modifica aspectos centrales de la Ley de Glaciares. El tema no es técnico: es político, ambiental y productivo al mismo tiempo.

La iniciativa, que cuenta con aval de Victoria Villarruel, impacta directamente en provincias como San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza.

Quién define qué se protege

El eje más sensible es la redefinición del rol provincial. Equipos técnicos locales podrían determinar si una geoforma cumple o no función de reserva estratégica de agua. Si concluyen que no la cumple, podría quedar excluida de la protección efectiva, aun cuando figure en el inventario nacional.

En la normativa vigente, si una formación está en el inventario, la actividad minera queda automáticamente prohibida.

La reforma cambiaría esa lógica: la explotación pasaría a depender de la Evaluación de Impacto Ambiental que realice cada jurisdicción.

Un nuevo equilibrio (o tensión)

Para el sector minero, el cambio podría destrabar exploraciones en zonas actualmente restringidas. Para organizaciones ambientalistas y sectores científicos, podría debilitar salvaguardas en un contexto de estrés hídrico y cambio climático.

El debate no es menor: redefine el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental en la alta cordillera.

Si avanza, la minería argentina podría ganar margen operativo en áreas hoy vedadas. Si se frena, se mantendrá el esquema restrictivo vigente desde 2010.

Lo que está en juego no es solo una ley. Es el marco futuro de la actividad en la cordillera.