El debate por la modificación de la Ley de Glaciares ingresó formalmente en el Senado y dejó en claro que el Gobierno nacional decidió dar una discusión de fondo. El secretario de Minería, Luis Lucero, encabezó la exposición ante el plenario de las comisiones de Ambiente y Minería, donde defendió el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y sostuvo que la iniciativa “va a contribuir al desarrollo económico nacional”.
La propuesta busca modificar la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglaciar. Según explicó Lucero, el objetivo no es debilitar la protección ambiental, sino clarificar conceptos técnicos, redefinir con mayor precisión las áreas protegidas y corregir interpretaciones que, en los últimos 15 años, generaron incertidumbre jurídica y dificultades operativas para proyectos mineros y energéticos.
El funcionario remarcó que el texto surge de un pedido concreto de las provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, entre ellas Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. En ese marco, sostuvo que el proyecto se inscribe en lo que la Corte Suprema denominó “federalismo de concertación”, reconociendo el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, tal como establece el artículo 124 de la Constitución.
Lucero también apuntó a desmontar la histórica dicotomía entre ambiente y minería. Recordó que la actividad minera fue la primera industria en contar con un régimen ambiental específico, incluso antes de la Ley General del Ambiente, y subrayó que litio y cobre son insumos indispensables para la transición energética, la reducción de emisiones y la electromovilidad. “Obstaculizar la minería es una contradicción flagrante cuando es esta actividad la que provee las soluciones que el mundo demanda”, afirmó.
Para provincias como Mendoza, que acaba de aprobar el proyecto San Jorge y ordenar su esquema de regalías y compensaciones ambientales, el debate por la Ley de Glaciares no es abstracto: es una pieza clave para consolidar el nuevo rumbo productivo. El tratamiento legislativo recién comienza, pero el mensaje político ya está sobre la mesa.
