El Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que la minería ilegal de oro en Perú generará un movimiento de 6.840 millones de dólares para fines de 2024, consolidándose como la economía ilícita más lucrativa del país. Durante una conferencia en la Universidad del Pacífico, Diego Macera , director del IPE, advirtió que el precio del oro, que actualmente bordea los 2.700 dólares por onza , ha impulsado esta actividad ilegal debido a la alta rentabilidad que ofrece en comparación con los costos de producción, que no han aumentado en la misma proporción.

Macera también destacó que las economías ilegales, entre las cuales la minería ilegal ocupa el primer lugar, son percibidas como el segundo sector más poderoso del país después del Congreso, según una encuesta de Ipsos realizada en agosto. Este crecimiento exponencial en la actividad ilegal tiene repercusiones profundas en el tejido social peruano, y complica los esfuerzos por formalizar la minería en un país donde la explotación de oro representa una fuente significativa de ingresos. La problemática se amplía con el ingreso de la minería ilegal en otros minerales, como el cobre, creando una presión adicional sobre las políticas públicas y el marco regulatorio.

Además, Nelson Shack , excontralor general de la República, advirtió sobre el riesgo de captura del Estado por las economías ilegales, que logran influir en la regulación y en las elecciones a través de financiamiento ilícito. Shack enfatizó que este fenómeno convierte a las economías ilícitas en un "cáncer" que afecta el tejido social del Perú. Con la perspectiva de elecciones nacionales, regionales y locales en 2026, donde se elegirán 13.200 autoridades, las preocupaciones por la influencia de la minería ilegal en áreas sensibles del Estado y en el financiamiento de campañas se vuelven cada vez más urgentes.