La Justicia de Mendoza dio un respaldo central al rumbo minero impulsado por el gobierno provincial al rechazar un amparo presentado contra los proyectos del Malargüe Distrito Minero Occidental. La decisión ratificó la vigencia de la Ley 9.588 y validó las Declaraciones de Impacto Ambiental de las primeras iniciativas de exploración.

La resolución, firmada por la jueza María Angélica Gamboa, desestimó la acción promovida por organizaciones ambientalistas que buscaban frenar el avance de 34 proyectos mediante una declaración de inconstitucionalidad. El tribunal concluyó que no se acreditaron irregularidades sustanciales ni daños concretos que justificaran la suspensión del proceso.

Uno de los puntos centrales del fallo fue la falta de individualización del daño, ya que la demanda cuestionaba en bloque proyectos con características técnicas y expedientes independientes. Además, la Justicia destacó que se trata de una fase inicial de exploración, sujeta a controles progresivos y a la supervisión de una Unidad de Gestión Ambiental.

El fallo despeja uno de los principales frentes de incertidumbre jurídica que enfrentaba la minería mendocina y fortalece la previsibilidad para los inversores. Con este aval, el gobierno provincial avanza en su agenda para que las perforaciones de cobre en Malargüe comiencen a materializarse a partir de 2026.

Fuente: Latinmining con información de Reporte Minero