El conflicto judicial entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Quiborax por presunto daño ambiental en el Salar de Surire sumó un nuevo capítulo esta semana. El CDE rechazó la última propuesta de conciliación presentada por la empresa, y el Primer Tribunal Ambiental convocó a una audiencia de modificación de medidas cautelares para el 13 de mayo.

Desde septiembre de 2024, rige una orden de paralización de las faenas dentro del área protegida, que fue modificada para permitir únicamente el retiro de mineral acopiado y nivelación superficial. El régimen actual vence el 31 de mayo de 2025, pero la empresa busca obtener autorización limitada para reiniciar operaciones en áreas no incluidas dentro del Monumento Natural.

La disputa se centra en el equilibrio entre el uso económico de los recursos naturales y la protección de ecosistemas vulnerables, como el Salar de Surire, que forma parte del sitio Ramsar de conservación internacional. El tribunal deberá evaluar si el nuevo plan operativo de Quiborax cumple con los estándares exigidos por la Ley de Tribunales Ambientales y el principio de indemnidad ambiental.

El caso se convirtió en un referente para el sector, ya que sienta precedentes sobre los alcances de la conciliación judicial en conflictos ambientales complejos, y sobre la responsabilidad empresarial en zonas de alta sensibilidad ecológica.

Fuente: Latinmining con información de Reporte Minero