Para el sector minero, el mensaje es claro. El marco de incentivos está operativo, los principales proyectos comenzaron a ordenarse bajo nuevas reglas y el Estado abrió discusiones largamente postergadas. El margen para seguir en modo observación se achica, y el proceso que se abre hacia 2026 interpela directamente al capital privado: definir cronogramas, comprometer inversiones y avanzar en proyectos que llevan años en carpeta.

Ese cambio de clima tuvo un detonante central. A lo largo de 2025, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) dejó de ser una promesa normativa para convertirse en una herramienta en uso, con proyectos presentados, aprobaciones iniciales y otros en evaluación. Para el mercado, este movimiento funcionó como señal de reconstrucción de un contrato de largo plazo entre la Argentina y los inversores mineros, alineado con estándares internacionales y con una ventana temporal que aceleró decisiones postergadas.

En paralelo, el Congreso nacional se prepara para tratar en febrero la adecuación de la Ley de Glaciares, un debate que ya obtuvo dictamen de las comisiones de Minería y de Ambiente y que incorpora definiciones técnicas clave sobre el ambiente periglacial y el rol de las provincias. Más allá del resultado final, la discusión legislativa marca un punto de inflexión: la voluntad política de reducir incertidumbre jurídica en uno de los frentes más sensibles para las inversiones de largo plazo.

Con este telón de fondo, la Argentina se prepara para llegar al próximo encuentro de la PDAC en Toronto, en marzo, con una expectativa sensiblemente más alta que en años anteriores. No tanto por la presentación de anuncios nuevos, sino porque buena parte de los proyectos y decisiones que marcarán el rumbo del sector en 2026 ya comenzaron a ordenarse durante 2025.

El cobre vuelve a escena: proyectos, números y decisiones

Si el litio explicó buena parte del dinamismo reciente, 2025 marcó el regreso del cobre como eje estratégico. No en términos de construcción inmediata, sino por la consolidación de un pipeline de proyectos con estado administrativo definido, pedidos formales de RIGI y señales claras de reactivación.

El principal hito fue la aprobación de Los Azules (San Juan) como primer proyecto de cobre incorporado al RIGI, con una inversión estimada en US$ 2.672 millones. La decisión funcionó como señal testigo: por primera vez, un proyecto cuprífero argentino accedió a un régimen diseñado para inversiones de escala, otorgando previsibilidad a un desarrollo de largo plazo.

Durante 2025 también avanzaron los pedidos de Glencore para dos proyectos emblemáticos: El Pachón (San Juan), con una inversión estimada en US$ 9.500 millones, y MARA / Agua Rica (Catamarca), con inversiones previstas por US$ 4.000 millones. Ambos representan cobre a escala industrial y requieren reglas claras para comprometer capital de largo plazo.

Una señal particularmente observada fue el anuncio de reactivación de Alumbrera, en Catamarca. El yacimiento, inactivo desde 2018, podría retomar operaciones hacia 2028, marcando un cambio de época: no solo se destraban proyectos nuevos, sino que vuelven a ser viables activos existentes.

En Mendoza, el avance del Proyecto San Jorge tuvo un peso simbólico adicional. La aprobación legislativa de su Informe de Impacto Ambiental se dio dentro del marco de la Ley 7722, sancionada en 2007, una norma que durante casi dos décadas no solo reguló sino que, en los hechos, bloqueó el desarrollo de la minería metalífera en la provincia. Que San Jorge haya logrado atravesar ese corset legal y político expuso un cambio de clima institucional: por primera vez en años, la propia arquitectura restrictiva de la ley fue utilizada para habilitar —y no impedir— un proyecto de cobre.

A estos desarrollos se sumó Vicuña, la sociedad entre BHP y Lundin Mining, que presentó su solicitud de ingreso al RIGI bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). El plan integra Josemaría y Filo del Sol, en San Juan, con sinergias operativas e infraestructura compartida. Por escala y volumen de recursos, Vicuña se perfila como el mayor desarrollo minero en evaluación en el país.

El mapa se completa con Taca Taca (Salta), con una inversión estimada en US$ 3.600 millones, y Altar (San Juan), que difundió una evaluación económica preliminar con 48 años de vida útil y una primera etapa de inversión cercana a US$ 1.600 millones. En conjunto, el cobre argentino dejó de ser promesa para transformarse en una agenda con nombres, números y decisiones en curso.

Litio: continuidad y recuperación tras el ajuste de precios

Luego de la fuerte corrección de precios registrada en 2024, el litio argentino llega a 2026 mostrando resiliencia y capacidad de adaptación. Lejos de perder vigencia, el sector atraviesa una etapa de reordenamiento, en la que los proyectos con respaldo financiero y mejores condiciones estructurales logran sostener y reactivar inversiones.

El caso más relevante fue la aprobación del RIGI para el proyecto Rincón, de Rio Tinto, en Salta, con una inversión estimada en US$ 2.500 millones. La decisión funcionó como señal testigo para todo el sector, al tratarse de una de las principales mineras del mundo avanzando bajo el nuevo régimen. A esto se suma la consolidación de Sal de Vida, en Catamarca, reforzando la apuesta de largo plazo de la compañía por el litio argentino.

También mantuvieron dinamismo proyectos como POSCO en Salta y Galan Lithium en Catamarca, que continúan avanzando con distintos grados de desarrollo. En paralelo, EXAR, uno de los principales productores del país, hizo una presentación de un RIGI de más de US$ 1.200 millones para una ampliación de su operación en Jujuy, una señal relevante en un contexto de precios todavía desafiantes.

El mensaje es claro: tras el boom y la corrección, el litio argentino entra en una fase de consolidación industrial, donde el RIGI funciona como ancla de previsibilidad para sostener proyectos y preparar el próximo ciclo de crecimiento.

Oro y plata: extender la vida útil en un nuevo marco de decisiones

En el segmento del oro y la plata, 2025 estuvo marcado por una agenda más defensiva pero no menos estratégica: extender la vida útil de yacimientos maduros, sostener empleo y preservar exportaciones en un contexto de costos crecientes y exigencias ambientales más altas. 

En San Juan, Gualcamayo, operado por Minas Argentinas S.A. (Aisa Group), se convirtió en uno de los hitos del año tras recibir dictamen favorable del Comité Evaluador que el Gobierno nacional conformó para la evaluación de las iniciativas presentadas bajo el RIGI para su proyecto Carbonatos Profundos (DCP), paso previo a la resolución definitiva. El plan aprobado contempla una inversión superior a US$ 660 millones, de los cuales US$ 50 millones se destinarán exclusivamente a exploración geológica.

También desde San Juan, Veladero, de Barrick Mining y Shandong Gold, presentó su solicitud de ingreso al RIGI por US$ 400 millones, con un plan orientado a exploración avanzada, optimización operativa y ampliación de capacidad productiva. La mina, con 20 años de operación continua, tiene un rol histórico como líder en exportaciones de oro con una producción cercana a 500.000 onzas en 2024. 

A la par de estos casos, Newmont, operadora de Cerro Negro en Santa Cruz, continúa desarrollando programas de exploración y evaluación de recursos con el objetivo de sostener niveles de producción más allá de 2035 y mejorar la visibilidad de reservas en uno de los principales yacimientos subterráneos de oro del país. Si bien estas inversiones no se canalizan bajo el régimen, el nuevo contexto macroeconómico y regulatorio incide directamente en la toma de decisiones vinculadas a la continuidad operativa.

Un proceso similar se observa en Cerro Vanguardia, operado mayoritariamente por AngloGold Ashanti y la estatal Fomicruz, donde la extensión de la vida útil —con horizonte actual hacia 2028— está estrechamente ligada al avance del Proyecto Michelle, una iniciativa de exploración destinada a identificar nuevos recursos y evitar un cierre prematuro. En este caso, la señal es clara: incluso en activos maduros, sin reglas estables y horizonte de largo plazo, las inversiones necesarias para sostener producción difícilmente se activan.

Un año minero 

Con este cuadro, la minería argentina llega a 2026 con un nivel de definición inédito en los últimos años. El marco de incentivos está en funcionamiento, la agenda ambiental ingresó en una instancia legislativa concreta y los principales proyectos cuentan con un grado de madurez técnica y administrativa mayor al de ciclos anteriores.

El caso de Mendoza y el avance del proyecto San Jorge sintetizan esa transición. Incluso bajo un esquema normativo históricamente restrictivo, fue posible avanzar cuando existieron definiciones políticas, reglas claras y voluntad institucional. La señal es relevante para todo el sector: allí donde el marco se ordena, los proyectos dejan de ser expectativas y comienzan a transitar etapas concretas.

Para las empresas mineras, el escenario que se abre eleva el umbral de decisión. Ya no se trata solo de identificar oportunidades, sino de definir cronogramas, comprometer capital y ordenar portafolios en función de reglas que comenzaron a estabilizarse. Para el Estado, el desafío será sostener previsibilidad y cumplir plazos. El desempeño del sector en 2026 no se medirá por la cantidad de anuncios, sino por la capacidad de transformar este nuevo marco —que San Jorge ayudó a visibilizar— en inversiones efectivas y desarrollo productivo.

Para oportunidades de participación en el Argentina Mining Pavilion - PDAC2026. Comunicarse a: pdac@argentinamining.com o +54 9 261 535-4504