El debate sobre el futuro de la pequeña minería y la minería artesanal volvió a instalarse en Perú luego de que el exviceministro de Minas, Henry Luna, planteara que el país no necesita una nueva Ley MAPE, sino una actualización de la normativa vigente para fortalecer el proceso de formalización.
Durante una entrevista con Rumbo Minero Televisión, Luna recordó que el Perú cuenta con una legislación específica para la pequeña minería desde comienzos de la década de 2000 y sostuvo que el desafío consiste en modernizar ese marco normativo incorporando herramientas que permitan responder a la realidad actual del sector. A su entender, crear una nueva ley implicaría comenzar nuevamente un proceso que ya dispone de una base legal consolidada.
Uno de los puntos centrales de su planteo fue el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El exfuncionario consideró que el padrón no debería volver a ampliarse y que el Ministerio de Energía y Minas debe concentrarse en concluir la evaluación de los expedientes existentes para determinar qué productores cumplen efectivamente con los requisitos para acceder a la formalización.
Luna también destacó la importancia de incorporar criterios estrictamente técnicos durante ese proceso. Advirtió que existen operaciones desarrolladas en áreas donde la actividad minera no está permitida, como zonas arqueológicas o áreas naturales protegidas, por lo que cualquier actualización normativa debe diferenciar claramente entre minería artesanal formal y minería ilegal.
El especialista sostuvo además que existen herramientas suficientes para avanzar en acuerdos entre pequeños productores y titulares de concesiones, facilitando procesos de formalización sin necesidad de modificar completamente el sistema vigente. En su visión, el principal desafío pasa por aplicar correctamente los instrumentos disponibles y acelerar la resolución de expedientes pendientes.
Más allá del debate legislativo, la discusión refleja uno de los grandes desafíos que enfrenta la minería peruana. La formalización continúa siendo una asignatura pendiente para miles de pequeños productores y su resolución será determinante para mejorar la competitividad, fortalecer el control estatal y diferenciar definitivamente a la minería artesanal formal de las actividades ilegales.
Fuente: Latinmining con información de Rumbo Minero
