El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció una batería de medidas para restablecer el orden en la provincia de Pataz, epicentro de minería ilegal y crimen organizado. La más relevante es la suspensión de toda actividad minera —incluido transporte de insumos— por 30 días, con posibilidad de prórroga.

El plan también contempla la exclusión inmediata de todos los operadores registrados en el REINFO en condición “suspendida” dentro del territorio, al considerarse un instrumento usado como cobertura para actividades ilegales. Se establecerán rutas fiscales exclusivas para el transporte minero, con controles multisectoriales.

La decisión marca un punto de inflexión en la política del gobierno peruano frente a la minería ilegal, al atacar directamente los mecanismos logísticos y regulatorios que la sostienen. La medida busca abrir un nuevo ciclo de formalización ordenada y presencia efectiva del Estado en territorios tomados por redes criminales.

Fuente: Latinmining con información de Mineria Hoy