El conflicto por la mina Cobre Panamá entra en una nueva fase con la conformación de un tribunal de arbitraje internacional, tras la demanda de Franco-Nevada y First Quantum contra el Estado panameño. Los reclamos ascienden a un total de 25.000 millones de dólares, con 20.000 millones exigidos por First Quantum y 5.000 millones por Franco-Nevada, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá.

El cierre de la mina, que fue ordenado tras disturbios sociales, ha tenido un impacto significativo en la economía panameña, eliminando el 1% del suministro mundial de cobre. Las calificadoras de riesgo, como Moody’s, advirtieron sobre una posible crisis crediticia en Panamá si no se llega a una solución rápida. La agencia recortó la perspectiva de la deuda soberana a negativa, lo que podría afectar su acceso a financiamiento internacional.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, deberá decidir el destino de la mina antes de fin de año. La comunidad internacional sigue de cerca el proceso, mientras las empresas mineras exigen una compensación económica y la reactivación de la mina, considerada esencial para la economía del país.