El Gobierno argentino introdujo nuevas modificaciones en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un instrumento destinado a promover proyectos de gran escala en sectores estratégicos, entre ellos la minería.
Los cambios establecidos mediante el Decreto 1366/2026 alcanzan aspectos relacionados con la participación de proveedores locales, el cumplimiento de los compromisos de inversión, las reorganizaciones empresariales y el tratamiento de determinadas operaciones cambiarias.
La actualización busca proporcionar mayor flexibilidad a proyectos que requieren estructuras societarias complejas, financiamiento internacional y períodos prolongados de construcción.
Sin embargo, uno de los principales puntos de discusión será el impacto de la nueva definición de proveedor local sobre las oportunidades comerciales de las empresas argentinas.
Proveedores locales: se elimina el requisito de capital mayoritariamente argentino
Uno de los cambios más significativos corresponde al artículo 3°, inciso f), de la reglamentación.
Hasta ahora, para ser considerada proveedora local, una persona jurídica debía estar constituida y domiciliada en Argentina y cumplir un requisito adicional relacionado con la composición de su capital.
La normativa anterior exigía que al menos el 51% del capital perteneciera a personas humanas o jurídicas con domicilio fiscal en el país, o a personas que reunieran las condiciones de nacionalidad previstas.
Con la modificación, se elimina ese requisito de participación accionaria.
La nueva definición establece que basta con que la empresa esté constituida y domiciliada en Argentina para ser considerada proveedora local a los efectos correspondientes del régimen.
El criterio de origen nacional aplicable a las personas humanas no se modifica.
Este cambio amplía el universo de empresas que pueden encuadrar dentro de la definición reglamentaria de proveedor local.
Una compañía constituida y domiciliada en Argentina podría cumplir esa condición aunque su capital pertenezca mayoritariamente a inversores extranjeros.
Qué implica el cambio para la cadena de proveedores mineros
La modificación introduce una distinción relevante entre el domicilio legal de una empresa y el origen de su capital.
Bajo la nueva definición, la participación accionaria argentina deja de ser una condición necesaria para que una sociedad sea considerada proveedora local.
Esto podría facilitar la incorporación de empresas con capital extranjero que operen mediante sociedades constituidas en el país.
Para los grandes proyectos mineros, la medida puede ampliar las alternativas disponibles dentro de la cadena de abastecimiento.
Sin embargo, también abre un debate sobre cómo se medirá la participación de proveedores argentinos y qué efectos tendrá sobre las empresas de capital nacional.
La condición de proveedor local no necesariamente refleja, por sí sola, cuánto empleo, producción o valor agregado se genera dentro del territorio argentino.
Por eso, será importante diferenciar el cumplimiento formal de la definición reglamentaria de los resultados económicos concretos de las contrataciones.
La modificación no permite concluir automáticamente que disminuirán las compras a empresas argentinas, pero sí cambia los criterios utilizados para identificar a los proveedores locales.
Nuevas precisiones sobre los plazos mínimos de inversión
El decreto también modifica aspectos relacionados con los compromisos de inversión de los proyectos adheridos al RIGI.
En particular, introduce precisiones sobre la fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión correspondiente al proyecto único o al conjunto de proyectos, según el caso.
La nueva reglamentación establece una fecha única para verificar el cumplimiento de ese requisito.
También contempla que los compromisos asociados con determinadas etapas puedan verificarse de manera separada, conforme a las disposiciones aplicables.
La fecha establecida no puede fijarse más allá de los límites previstos para el sector.
Estas precisiones buscan ordenar la evaluación de los compromisos de inversión en proyectos que pueden desarrollarse mediante diferentes etapas y estructuras empresariales.
Para la minería, donde la construcción de una operación puede demandar varios años, la definición de plazos constituye un aspecto importante de la planificación financiera.
Sin embargo, la modificación no elimina las obligaciones de inversión previamente asumidas.
Mayor flexibilidad para adquisiciones y reorganizaciones empresariales
Otro cambio alcanza al artículo 62 de la reglamentación, referido a adquisiciones y reorganizaciones.
El nuevo texto contempla reglas específicas para determinadas operaciones que involucren a los Vehículos de Proyecto Único (VPU).
Entre ellas se encuentran la adquisición de acciones por terceros, las cesiones e incorporaciones en estructuras asociativas y las reorganizaciones de sucursales dedicadas a un proyecto.
La reglamentación mantiene mecanismos de información, autorización y control, según el tipo de operación.
En particular, contempla la necesidad de autorización previa para determinadas reorganizaciones.
Estas disposiciones buscan facilitar cambios societarios y operaciones empresariales que pueden resultar necesarios durante el desarrollo de inversiones de gran magnitud.
En minería, las estructuras de financiamiento y participación suelen involucrar diferentes compañías y socios internacionales.
Por ello, la posibilidad de reorganizar participaciones puede ser relevante para la ejecución de proyectos.
No obstante, la flexibilidad societaria no implica una liberación general de los compromisos establecidos bajo el régimen.
Cambios en el tratamiento de determinadas divisas
La actualización también introduce modificaciones relacionadas con el mercado de cambios.
El nuevo texto precisa el tratamiento de determinadas divisas ingresadas y liquidadas por integrantes de estructuras asociativas vinculadas con un VPU.
Las disposiciones contemplan aportes realizados por accionistas o socios, directos o indirectos, de los vehículos comprendidos en el régimen.
También establecen condiciones relacionadas con el destino efectivo de esos fondos.
Según el cuadro comparativo de la nueva reglamentación, los recursos deben encontrarse efectivamente destinados al proyecto y contar con el correspondiente registro contable y trazabilidad.
El objetivo es reconocer determinadas estructuras de financiamiento sin perder la posibilidad de identificar el origen y la utilización de los fondos.
Estas precisiones resultan relevantes para inversiones que requieren aportes internacionales y diferentes mecanismos de capitalización.
El desafío de compatibilizar inversión y desarrollo de proveedores
El RIGI constituye uno de los principales instrumentos utilizados para promover grandes inversiones en Argentina.
En el sector minero, su aplicación resulta especialmente relevante para proyectos de cobre, litio y otros minerales que requieren desembolsos de gran magnitud.
Las modificaciones introducidas por el Decreto 1366/2026 buscan adaptar determinados procedimientos a la complejidad de estas inversiones.
Sin embargo, la discusión sobre los proveedores locales continuará siendo uno de los aspectos más sensibles.
La eliminación del requisito de capital mayoritariamente argentino amplía la definición formal de proveedor local, pero también plantea interrogantes sobre la participación efectiva de las empresas nacionales en las cadenas de abastecimiento.
Para evaluar el impacto de la medida será necesario observar las contrataciones concretas, el empleo generado y la incorporación de bienes y servicios producidos en el país.
El nuevo decreto ofrece mayor flexibilidad a las estructuras de inversión, mientras que el desafío será determinar cómo esa flexibilidad se traduce en oportunidades reales para la industria y los proveedores argentinos.