El cierre de Cobre Panamá, la mina más grande del país operada por First Quantum Minerals, le costará al Estado panameño alrededor de US$ 1.000 millones anuales, según estimaciones del sector privado y gremios empresariales. A ello se suman más de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos que están en riesgo por la paralización de la operación.

La suspensión fue ordenada en noviembre de 2023 por la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá. Desde entonces, no se ha alcanzado una solución que permita reactivar el yacimiento, que representaba más del 4 % del PIB nacional y una parte significativa de las exportaciones.

En un comunicado conjunto, cámaras empresarias advirtieron que la decisión “empuja a Panamá hacia una recesión innecesaria”, y solicitaron al nuevo gobierno electo que evalúe una salida legal que permita reabrir la mina, preservar empleos y reestablecer la inversión extranjera.

First Quantum, por su parte, inició un proceso de arbitraje internacional y continúa el desmontaje progresivo de las operaciones, mientras mantiene la esperanza de una renegociación. El caso es considerado un hito en la relación entre minería y Estado en América Latina, con efectos de largo alcance para la confianza inversora en la región.

Fuente: Latinmining con información de Mineria Hoy