La jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino transferir acciones de YPF a Burford Capital y Eton Park, como parte de pago por la estatización de la petrolera en 2012. La medida, que se suma al fallo previo de septiembre de 2023 por US$ 16.000 millones, presiona al gobierno de Javier Milei a sentarse a negociar, algo que había evitado.

El gobierno no depositó garantías durante la apelación, lo que facilitó el embargo, pese a las recomendaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. Las posibilidades de revertir el fallo son bajas: solo 10 % de las apelaciones prosperan.

Si bien YPF fue excluida como demandada, el nuevo fallo vuelve a afectar su imagen financiera. Las acciones de la compañía cayeron en Buenos Aires y Nueva York tras conocerse la decisión.

Fuente: Latinmining con información de Econojournal