La minería ilegal en Perú alcanza niveles alarmantes, con más de 300 mil mineros operando fuera del marco legal en regiones como Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash, según declaraciones del fiscal Federico Chávarry de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno. Desde 2019, el Ministerio Público ha investigado más de 7.200 casos relacionados con esta actividad, logrando solo 320 condenas debido a la falta de personal y la carga procesal excesiva.

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), implementado para facilitar la transición hacia la formalidad, ha sido señalado como un factor que agrava el problema. Según Chávarry, muchos mineros ilegales utilizan el Reinfo como un mecanismo para evitar sanciones, sin intención real de formalizarse. Este procedimiento, establecido bajo el Decreto Legislativo N° 1351, exime de responsabilidad penal a quienes se someten al proceso, lo que, según el fiscal, dificulta la lucha contra la minería ilegal.

Ante esta situación, Chávarry instó al Congreso a no extender la vigencia del Reinfo, que expira el 31 de diciembre de 2024, y a implementar mecanismos más estrictos que promuevan la formalización real y permitan una fiscalización constante. Los analistas coinciden en que abordar este problema requiere una combinación de medidas legales, tecnológicas y sociales para garantizar que las actividades mineras contribuyan al desarrollo sostenible del país.