La minería ilegal sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del sector en Perú. Frente a este escenario, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) volvió a poner sobre la mesa un punto clave: la trazabilidad del mineral.

Según Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del organismo, el problema no puede abordarse únicamente con operativos de interdicción. La falta de control sobre el recorrido del mineral —desde la extracción hasta su comercialización— deja espacios abiertos para la ilegalidad.

El planteo es estratégico: sin trazabilidad, el sistema permite que mineral ilegal se mezcle con producción formal, debilitando toda la cadena. Por eso, el enfoque debe ser integral, combinando fiscalización, formalización de pequeños productores y fortalecimiento institucional.

Además, desde el IIMP remarcan que la minería formal no solo compite con la ilegal, sino que es parte de la solución: genera empleo, aporta recursos fiscales y sostiene el desarrollo regional bajo estándares ambientales y sociales.

El desafío, según el organismo, es político y técnico al mismo tiempo. Y requiere algo que suele escasear en estos contextos: coordinación real entre el Estado y el sector.