La formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) aparece como una de las principales oportunidades para ampliar la contribución económica de la industria minera peruana. Durante las actividades de Rumbo a PERUMIN, Miguel Incháustegui, presidente del encuentro y exministro de Energía y Minas, destacó el potencial que tendría incorporar de manera efectiva a más productores dentro de un esquema formal, competitivo y sostenible.

Según estimaciones atribuidas al Ministerio de Energía y Minas (Minem), una formalización exitosa podría aportar un crecimiento adicional equivalente al 1,5% del PBI y generar entre 300.000 y 400.000 nuevos puestos de trabajo. Las cifras muestran la dimensión económica que podría alcanzar este proceso, aunque todavía deben ser estudiadas con mayor profundidad para determinar su alcance real y las condiciones necesarias para concretarlo.

El potencial económico de incorporar a más productores

La minería artesanal y de pequeña escala representa una actividad con capacidad para movilizar empleo, producción y servicios asociados en distintas regiones de Perú. Sin embargo, una parte de ese potencial enfrenta limitaciones vinculadas con la productividad, el acceso a herramientas de gestión y las dificultades para desarrollar operaciones económicamente sostenibles dentro de la formalidad.

Incháustegui explicó que las cifras difundidas constituyen una estimación que necesita mayor respaldo técnico. Por esa razón, en el marco de Rumbo a PERUMIN se desarrollará un estudio destinado a evaluar el impacto económico que podría generar una minería artesanal formalizada y sostenible.

“Se habla, de acuerdo con los cálculos del Minem, de que podría generar 1,5% de PBI más. Se habla de que podría generar entre 300.000 y 400.000 puestos más. Eso queremos tener evidencia”, sostuvo el exministro.

La aclaración resulta importante porque los valores mencionados no representan resultados ya alcanzados ni una proyección cuya ejecución esté garantizada. Se trata de estimaciones sobre el potencial de la formalización, que deberán contrastarse con información sobre productividad, inversión, empleo y capacidad de desarrollo de los pequeños productores.

Formalizar para mejorar la rentabilidad

Uno de los principales planteos de Incháustegui es que la formalización no debería entenderse únicamente como una obligación administrativa. Si bien el cumplimiento del marco legal constituye una condición fundamental, el proceso también debe ofrecer oportunidades concretas para que los productores mejoren su desempeño económico y puedan sostener sus operaciones en el tiempo.

“Tenemos que dejar de pensar en que se tienen que formalizar para cumplir con la ley. Se tienen que formalizar, pero también para generar rentabilidad”, afirmó.

Esta perspectiva incorpora una dimensión productiva al debate. La formalización puede representar una oportunidad para mejorar las condiciones de funcionamiento de las operaciones, pero sus beneficios dependerán de que existan mecanismos capaces de fortalecer la actividad económica de quienes decidan incorporarse al sistema.

En ese sentido, el desafío no consiste solamente en aumentar la cantidad de productores registrados, sino en promover unidades productivas que puedan operar dentro de la legalidad y desarrollar actividades rentables y sostenibles.

Asociatividad y economías de escala

Entre las alternativas planteadas aparece la posibilidad de impulsar mecanismos de asociación entre pequeños productores mineros. La propuesta busca que las unidades de menor escala puedan trabajar de manera articulada y acceder a oportunidades que individualmente resultarían más difíciles de alcanzar.

La asociatividad permitiría evaluar esquemas de trabajo compartido y aprovechar economías de escala para mejorar la productividad y las condiciones económicas de las operaciones. Este enfoque resulta especialmente relevante para una actividad en la que las limitaciones de escala pueden condicionar la capacidad de crecimiento de los productores.

Para Incháustegui, la formalización debería traducirse en beneficios tangibles. La posibilidad de mejorar ingresos y desarrollar operaciones económicamente viables puede convertirse en un incentivo para que más trabajadores y productores avancen hacia esquemas formales.

De esta manera, la discusión incorpora una pregunta central: cómo diseñar un proceso que no solamente establezca requisitos, sino que también genere condiciones para que cumplirlos resulte compatible con la continuidad y el crecimiento de la actividad.

El debate sobre el Reinfo y el futuro de la pequeña minería

La discusión sobre la formalización minera en Perú ha estado fuertemente vinculada con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las diferentes propuestas relacionadas con su continuidad. Sin embargo, Incháustegui considera necesario ampliar el enfoque y concentrar el debate en la construcción de un sistema que permita desarrollar una minería artesanal y de pequeña escala sostenible.

“Ya dejemos de hablar si se amplía o no el Reinfo y hablemos sobre cómo promover una MAPE sostenible y responsable”, enfatizó.

El planteo apunta a superar una discusión centrada exclusivamente en los plazos administrativos y avanzar hacia un marco normativo capaz de acompañar el desarrollo productivo. Esto supone analizar qué condiciones necesitan los pequeños mineros para mejorar sus operaciones, aumentar su productividad y sostener su actividad dentro de un esquema formal.

La propuesta también pone el foco en la necesidad de construir herramientas de largo plazo. Una formalización efectiva requiere que las condiciones económicas y operativas permitan a los productores mantener su situación regular una vez completados los procedimientos correspondientes.

Una oportunidad para ampliar el impacto económico de la minería

Las estimaciones presentadas durante Rumbo a PERUMIN muestran que la formalización podría tener consecuencias que trascienden a los propios productores. Si se lograra incorporar más actividad dentro de circuitos formales y mejorar su productividad, el proceso podría contribuir al empleo, al movimiento económico regional y a una mayor articulación con otras actividades.

No obstante, alcanzar ese escenario dependerá de la implementación de políticas y mecanismos que permitan convertir el potencial identificado en resultados verificables. El estudio anunciado durante el encuentro será relevante para dimensionar cuánto podría aportar realmente la MAPE formalizada y cuáles son las principales condiciones para alcanzar ese objetivo.

El desafío de Perú no consiste únicamente en incorporar a más pequeños mineros al cumplimiento de la normativa, sino en construir un modelo donde la formalidad también represente productividad, rentabilidad y oportunidades de desarrollo.

Con estimaciones que plantean un aporte adicional del 1,5% al PBI y la posibilidad de generar hasta 400.000 empleos, la formalización aparece como una oportunidad económica de considerable magnitud. El próximo paso será determinar, mediante evidencia y herramientas concretas, cómo transformar ese potencial en una actividad minera más competitiva, sostenible y capaz de generar beneficios duraderos.