Perú enfrenta una paradoja conocida por las grandes jurisdicciones mineras: poseer recursos, proyectos y demanda internacional no garantiza que las inversiones lleguen a construcción.
El tema fue uno de los ejes de Rumbo a PERUMIN, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú bajo la temática “Minerales críticos, integración y desarrollo regional”. latinmining_todos_06-10-2026
Durante el encuentro se expusieron dos dimensiones de esa oportunidad.
Por un lado, el crecimiento de la demanda internacional por minerales considerados estratégicos.
Por otro, la creciente complejidad administrativa que enfrentan los proyectos para recorrer el camino desde su desarrollo inicial hasta una eventual construcción.
De 12 a 265 procedimientos
Uno de los datos más contundentes fue presentado por Paola Bustamante, vicepresidenta de Hágase Instituto.
Según su exposición, un proyecto minero debía atravesar alrededor de 12 procedimientos en 2001.
Actualmente la cifra habría aumentado hasta 265 procedimientos distribuidos entre 30 instituciones públicas.
La comparación permite dimensionar el crecimiento de la arquitectura administrativa alrededor del desarrollo de un proyecto.
Pero la discusión no se limita al número absoluto de trámites.
La existencia de múltiples organismos obliga a coordinar evaluaciones, autorizaciones y decisiones entre instituciones que pueden operar con tiempos y competencias diferentes.
Por eso, una parte central del diagnóstico presentado durante el encuentro estuvo enfocada en la capacidad de coordinación del Estado.
US$64.000 millones esperando avanzar
La cuestión adquiere escala cuando se observa la cartera minera peruana.
Bustamante señaló que existen aproximadamente 66 proyectos por más de US$64.000 millones, de los cuales solamente ocho se encuentran actualmente en construcción.
La diferencia entre ambos números muestra el tamaño de la oportunidad, pero también el desafío.
Una cartera de inversión representa proyectos identificados en diferentes etapas de maduración. No equivale a US$64.000 millones cuya ejecución esté garantizada.
Cada iniciativa debe superar estudios técnicos, financiamiento, permisos, decisiones empresariales y condiciones territoriales antes de convertirse efectivamente en una mina.
Precisamente por eso, el objetivo no consiste únicamente en aumentar la cantidad de proyectos anunciados, sino en mejorar la capacidad de llevar una mayor proporción de ellos hacia construcción y operación.
La oportunidad de los minerales críticos
A esa discusión se suma una transformación internacional.
Durante Rumbo a PERUMIN, Roderick Eggert, profesor investigador de Colorado School of Mines, señaló que entre 35 y 40 de los 60 minerales críticos identificados por Estados Unidos se producen principalmente como subproductos de otras operaciones mineras.
El dato es relevante porque muestra que el desarrollo de cadenas de minerales críticos no depende exclusivamente de minas dedicadas a un solo elemento.
Nuevos proyectos de cobre, zinc u otros metales pueden producir también elementos secundarios con valor estratégico, dependiendo naturalmente de su geología, mineralogía y viabilidad de recuperación.
Para una jurisdicción polimetálica como Perú, esa característica amplía la discusión sobre el valor potencial de nuevos proyectos.
Pero disponer de minerales demandados internacionalmente vuelve a ser solamente el primer paso.
El cuello de botella institucional
Bustamante sostuvo que concretar la cartera requerirá mayor articulación entre los niveles local, regional y nacional.
Y planteó otra preocupación menos visible: la capacidad futura del propio Estado para administrar procesos cada vez más complejos.
Durante sus visitas a universidades nacionales, explicó, pregunta cuántos estudiantes quieren incorporarse al sector público y encuentra un nivel reducido de interés.
“Si estamos dejando que los estudiantes no quieran trabajar en el sector público, que las nuevas generaciones no quieran trabajar en el sector público, ¿a quién le estamos dejando el sector público?”.
El planteo introduce una dimensión importante.
Simplificar procedimientos y fortalecer capacidad estatal no son necesariamente objetivos contrapuestos.
Un sistema con menos duplicaciones puede requerir, al mismo tiempo, organismos técnicamente más sólidos y capaces de tomar decisiones en tiempos previsibles.
El territorio también forma parte de la ecuación
La exministra del Ambiente Lucía Ruiz incorporó otra variable: las condiciones sociales y políticas de las regiones donde se desarrollan los proyectos.
Según su análisis, las próximas autoridades locales y regionales asumirán en territorios atravesados por problemas de confianza y fragmentación social.
Por eso planteó la necesidad de anticipar el trabajo social y político en las zonas mineras.
“Pensar que estamos yendo a una hoja en blanco en el territorio es muy naif, muy inocente”.
La observación agrega otra capa al problema de los 265 procedimientos.
La velocidad de desarrollo de un proyecto no depende exclusivamente de reducir requisitos administrativos. También intervienen capacidad institucional, coordinación gubernamental y construcción de relaciones en los territorios.
Convertir cartera en minas
La oportunidad que enfrenta Perú puede resumirse en la distancia existente entre potencial y ejecución.
El país cuenta con una cartera superior a US$64.000 millones y una base geológica capaz de participar en cadenas vinculadas con minerales cuya importancia estratégica está creciendo.
Pero el indicador decisivo será cuántos de esos proyectos consiguen pasar de evaluación y permisos a financiamiento, construcción y producción.
El diagnóstico presentado en Rumbo a PERUMIN apunta precisamente hacia ese problema.
Reducir duplicaciones y tiempos innecesarios puede mejorar la competitividad. Pero hacerlo sin capacidad suficiente dentro del Estado simplemente trasladaría el cuello de botella de una instancia a otra.
Por eso, la oportunidad de los minerales críticos para Perú dependerá tanto de lo que existe debajo del suelo como de la capacidad institucional para transformar proyectos en inversiones ejecutadas.
Con 66 iniciativas por más de US$64.000 millones y solo ocho actualmente en construcción según las cifras expuestas en el encuentro, cerrar esa brecha aparece como uno de los grandes desafíos para la próxima etapa de la minería peruana.