El Gobierno peruano busca introducir modificaciones en los procedimientos que regulan la exploración y el desarrollo de proyectos mineros, con el objetivo de mejorar las condiciones para atraer inversiones y acelerar la identificación de nuevos yacimientos. La estrategia también contempla cambios en los mecanismos de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, uno de los desafíos estructurales que enfrenta el sector.

Las propuestas fueron expuestas por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, durante el Segundo Encuentro Latinoamericano de Asociaciones de Túneles y Espacios Subterráneos, organizado por la Universidad de Lima. Allí, el funcionario destacó la importancia de modernizar los procedimientos administrativos y facilitar el avance de los proyectos sin dejar de lado las obligaciones técnicas y ambientales correspondientes.

La iniciativa se enmarca en una estrategia orientada a aprovechar el potencial geológico del país y fortalecer su competitividad como productor de minerales. Para el Ministerio de Energía y Minas (Minem), uno de los principales obstáculos es la duración de determinados procesos administrativos, que pueden retrasar las inversiones desde las primeras etapas de exploración hasta el desarrollo de las operaciones.

Una cartera de inversiones que supera los US$64.000 millones

Perú cuenta con una cartera de 66 proyectos mineros valorizados en más de US$64.000 millones, según las cifras presentadas por el ministro. Se trata de iniciativas que representan un importante potencial de inversión, aunque su ejecución depende de diferentes etapas de evaluación, autorizaciones y decisiones empresariales.

La magnitud de esta cartera refleja la importancia de la minería dentro de las perspectivas económicas del país. El desarrollo de nuevos proyectos puede generar demanda de infraestructura, servicios, equipamiento y personal especializado, además de contribuir a sostener la producción de minerales durante los próximos años.

Sin embargo, la existencia de proyectos identificados no significa que todas las inversiones se encuentren aprobadas o comprometidas para su ejecución inmediata. Cada iniciativa presenta condiciones particulares de desarrollo y debe superar distintas etapas técnicas, económicas, ambientales y administrativas.

En este escenario, el Gobierno considera que reducir las demoras en los procedimientos puede mejorar la capacidad de las empresas para evaluar sus concesiones y tomar decisiones de inversión con mayor previsibilidad.

Proponen ampliar de 40 a 60 las plataformas de perforación

Uno de los cambios más relevantes planteados por el Minem es la ampliación de 40 a 60 plataformas de perforación dentro de los proyectos de exploración comprendidos en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La medida busca permitir que las empresas desarrollen campañas exploratorias de mayor alcance bajo el instrumento ambiental correspondiente, evitando que determinadas ampliaciones deban enfrentar procedimientos adicionales que prolonguen los tiempos de evaluación.

La exploración constituye una etapa fundamental para conocer las características de los depósitos minerales. Mediante las perforaciones, las compañías pueden obtener muestras del subsuelo, analizar las leyes de mineralización y reunir información necesaria para determinar si existen condiciones que justifiquen estudios más avanzados.

En este sentido, Shinno remarcó que la posibilidad de perforar resulta indispensable para conocer el verdadero potencial de una concesión minera.

“La exploración requiere que las empresas puedan perforar. Es la única forma de saber si existe contenido mineral atractivo para avanzar hacia producción”, explicó el ministro.

La ampliación de plataformas fue presentada como parte de los cambios regulatorios que impulsa el Gobierno. Por lo tanto, debe distinguirse la propuesta anunciada de las disposiciones que ya se encuentran vigentes y de las autorizaciones que cada proyecto necesita obtener.

Un mecanismo simplificado para las primeras diez plataformas

El Ministerio también planteó incorporar un procedimiento de aprobación automática mediante declaración jurada para las primeras diez plataformas de perforación, condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos.

El objetivo es facilitar las etapas iniciales de exploración y reducir el tiempo necesario para comenzar a obtener información geológica. Esta posibilidad podría resultar especialmente relevante para proyectos que necesitan realizar perforaciones preliminares antes de definir campañas de mayor escala.

La propuesta no supone una autorización irrestricta para intervenir cualquier área. El mecanismo anunciado estaría sujeto a condiciones específicas, cuya aplicación deberá establecerse en la normativa correspondiente.

La simplificación administrativa busca permitir que las compañías avancen con mayor rapidez en la evaluación del potencial mineralógico de sus propiedades. Al mismo tiempo, su implementación deberá mantener claridad sobre los requisitos técnicos, ambientales y de control aplicables a cada actividad.

El equilibrio entre agilidad y fiscalización constituye uno de los aspectos centrales de la discusión, especialmente en un sector donde las primeras etapas exploratorias pueden desarrollarse en territorios con características ambientales y sociales diferentes.

La exploración, una prioridad para sostener la producción futura

El ministro Shinno vinculó las medidas con la necesidad de mantener la competitividad de Perú en un escenario internacional de creciente demanda de minerales. El cobre ocupa un lugar central en esa perspectiva debido a su utilización en redes eléctricas, tecnologías industriales y procesos de electrificación.

La producción futura depende, en parte, de la capacidad de identificar nuevos depósitos y avanzar en la evaluación de recursos minerales. Por esa razón, las inversiones exploratorias son importantes incluso cuando sus resultados no se traducen inmediatamente en nuevas minas.

Los proyectos atraviesan períodos prolongados de estudios antes de alcanzar una eventual decisión de construcción. Una campaña de perforación puede confirmar el potencial de un área, pero también demostrar que no existen condiciones suficientes para continuar con su desarrollo.

En ese contexto, la estrategia del Gobierno apunta a reducir obstáculos administrativos que dificulten la obtención de información geológica, sin que ello implique garantizar resultados positivos en los proyectos.

La disponibilidad de nuevos yacimientos será uno de los factores que determinarán la capacidad del país para sostener su posición dentro del mercado internacional de minerales durante las próximas décadas.

El REINFO tiene fecha de vencimiento en diciembre

La agenda presentada por el Ministerio de Energía y Minas también incluye la situación de los pequeños productores y de la minería artesanal. Según indicó Shinno, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) tiene previsto vencer el 31 de diciembre de 2026, sin que el Gobierno contemple una nueva prórroga.

El registro ha sido uno de los principales instrumentos utilizados en Perú para canalizar los procesos de formalización de quienes desarrollan actividades mineras de pequeña escala. Sin embargo, el sistema también ha generado debates sobre su efectividad y sobre las dificultades para diferenciar a los productores que buscan regularizar su actividad de quienes operan al margen de la legalidad.

Ante el vencimiento previsto, el Gobierno impulsa el proyecto de Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), orientado a establecer un procedimiento de formalización simplificado y acompañado de asistencia técnica.

La iniciativa busca adaptar las exigencias a las características de este segmento productivo, que presenta diferencias importantes respecto de las operaciones mineras de gran escala. El objetivo es facilitar el cumplimiento de requisitos para los productores que desarrollan actividades legítimas y necesitan incorporarse plenamente al sistema formal.

Diferenciar la minería artesanal de la actividad ilegal

Uno de los puntos destacados por Shinno fue la necesidad de distinguir entre quienes realizan minería artesanal y buscan formalizarse y aquellos que utilizan los mecanismos existentes para desarrollar actividades ilegales.

“Queremos ayudar a quienes realmente lo necesitan: mineros artesanales que trabajan a pequeña escala y no invaden concesiones de terceros. Pero también debemos apartar a quienes realizan minería ilegal y se amparan en el REINFO para aprovecharse del mecanismo”, sostuvo el funcionario.

La diferenciación resulta relevante porque la formalización implica mucho más que la inscripción en un registro. Requiere establecer condiciones para desarrollar actividades dentro del marco legal, cumplir obligaciones y contar con mecanismos de supervisión adecuados.

El proyecto MAPE apunta a ofrecer un camino más accesible para los pequeños productores, con asistencia técnica y procedimientos acordes con su escala de actividad. Sin embargo, su contenido definitivo y sus efectos dependerán del tratamiento legislativo y de las disposiciones que finalmente se aprueben.

El vencimiento previsto del REINFO introduce, además, un horizonte temporal concreto para avanzar en la definición del nuevo esquema. La transición entre ambos mecanismos será un aspecto importante para los productores que todavía se encuentran en proceso de formalización.

Innovación y automatización para mejorar la competitividad

Durante su exposición, Shinno también destacó la importancia de incorporar innovación tecnológica y automatización a las operaciones mineras, especialmente en actividades subterráneas.

La utilización de nuevas herramientas puede contribuir a mejorar la eficiencia de los procesos, fortalecer la seguridad y optimizar el aprovechamiento de los recursos. Estas tecnologías adquieren relevancia en un escenario donde los proyectos deben responder a exigencias técnicas y operativas cada vez mayores.

El ministro vinculó la modernización de la actividad con la necesidad de desarrollar capacidades e infraestructura que acompañen el crecimiento del sector. En esa perspectiva, la competitividad minera depende tanto de las condiciones regulatorias como de la incorporación de conocimientos, equipamiento y personal especializado.

Las iniciativas anunciadas combinan así dos dimensiones: facilitar el desarrollo de nuevas inversiones y mejorar las condiciones bajo las cuales operan los distintos segmentos de la industria.

Dos desafíos para la política minera peruana

Las medidas impulsadas por el Gobierno de Perú abordan problemas diferentes, pero vinculados con la organización de la actividad minera. Por un lado, la simplificación de los procedimientos de exploración busca acelerar la generación de información geológica y mejorar las condiciones para desarrollar nuevos proyectos. Por otro, la reforma de la formalización pretende establecer reglas más adecuadas para los pequeños productores y evitar que los mecanismos de regularización sean utilizados por actividades ilegales.

Ambas iniciativas requieren definiciones normativas y mecanismos de implementación que permitan evaluar sus resultados. La reducción de trámites puede contribuir a mejorar la previsibilidad, mientras que la formalización necesita procedimientos accesibles y controles efectivos.

Con una cartera de 66 proyectos valorada en más de US$64.000 millones, Perú busca fortalecer las condiciones para sostener su desarrollo minero. El avance de las propuestas sobre plataformas de perforación y el futuro régimen MAPE será determinante para conocer el alcance de los cambios anunciados y su capacidad de traducirse en nuevas oportunidades para el sector.