Neuquén busca actualizar su marco normativo minero en un momento en el que la provincia intenta diversificar su matriz productiva y aprovechar oportunidades vinculadas tanto con los minerales metalíferos como con los insumos utilizados por la industria del petróleo y el gas. El debate legislativo sobre el nuevo Código de Procedimientos Mineros, impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, atraviesa una etapa de dificultades para alcanzar consensos, lo que motivó una propuesta para ampliar la participación institucional en su tratamiento.

El diputado provincial Damián Canuto, integrante del bloque PRO-NCN y presidente de la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones, planteó la creación de una comisión especial con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El objetivo es revisar el proyecto de reforma, incorporar distintas perspectivas y avanzar hacia una redacción que permita destrabar una discusión que lleva varios meses en la Legislatura.

La propuesta adquiere relevancia porque la normativa que actualmente regula los procedimientos mineros provinciales es la Ley 902, sancionada en 1975. Después de más de cinco décadas, el Gobierno considera necesario actualizar los mecanismos administrativos, adaptar los trámites a nuevas herramientas tecnológicas y establecer condiciones más precisas para el otorgamiento y mantenimiento de derechos mineros.

Una reforma que busca superar una normativa de 1975

El proyecto original fue presentado por el gobernador Rolando Figueroa el 1 de marzo de 2026, con la intención de reemplazar el régimen provincial de procedimientos mineros. La iniciativa propone reorganizar las disposiciones que regulan la actividad, desde la presentación de solicitudes hasta la administración de permisos y concesiones.

Uno de los principales objetivos es modernizar un sistema administrativo que fue diseñado para una realidad productiva muy diferente de la actual. En ese sentido, la digitalización de los trámites aparece como una herramienta para mejorar la gestión de expedientes, facilitar el seguimiento de solicitudes y establecer procedimientos más previsibles para las empresas y los productores mineros.

La reforma también contempla cambios en los requisitos para solicitar permisos de exploración y la incorporación de programas mínimos de trabajo e inversión. Estos instrumentos buscan vincular la conservación de determinados derechos mineros con el desarrollo de actividades concretas, evitando que grandes extensiones permanezcan sujetas a concesiones o permisos sin avances exploratorios.

Para el sector, la claridad de los procedimientos resulta especialmente importante porque la exploración requiere inversiones que se realizan antes de conocer con certeza el potencial económico de un yacimiento. Contar con reglas definidas sobre plazos, obligaciones y condiciones de continuidad puede contribuir a mejorar la planificación de los proyectos.

Sin embargo, la actualización normativa también debe contemplar las particularidades de los productores que ya desarrollan actividades en la provincia. Por esa razón, los cambios en materia de caducidad de derechos, dimensiones de las canteras y exigencias administrativas forman parte de los puntos que requieren una discusión técnica detallada.

Proponen una comisión especial para destrabar el debate

A pesar de los objetivos planteados por el Ejecutivo, el tratamiento legislativo no logró alcanzar todavía un despacho definitivo. Durante los últimos meses se realizaron presentaciones y modificaciones al proyecto, pero persistieron diferencias sobre su alcance y sobre la participación de los actores que utilizan los procedimientos mineros en la práctica.

En julio, funcionarios de la Dirección Provincial de Minería expusieron ante los legisladores los principales aspectos de la reforma. Posteriormente, en septiembre, el oficialismo presentó una nueva versión que redujo el articulado original de 288 a 201 artículos y adaptó su estructura al Código Procesal Civil Adversarial de Neuquén.

Las modificaciones representaron un intento de simplificar el texto y acercar posiciones, aunque no fueron suficientes para cerrar la discusión. En ese escenario surgió la propuesta de Canuto de constituir una comisión especial que permita incorporar a los tres poderes del Estado y convocar a representantes públicos y privados vinculados con la actividad.

El esquema planteado contempla un período inicial de seis meses de trabajo, prorrogable por otros seis, lo que podría extender la revisión hasta 2027. La creación de esta comisión todavía debe formalizarse y avanzar dentro del ámbito legislativo, por lo que no constituye una instancia ya establecida.

La propuesta presenta un desafío: ampliar el debate para mejorar la calidad técnica y jurídica del futuro Código sin prolongar indefinidamente la definición de una normativa que el Gobierno provincial considera necesaria para acompañar nuevas inversiones.

La convivencia entre minería e hidrocarburos, uno de los puntos centrales

Una de las particularidades de Neuquén es la coexistencia de actividades mineras con una industria hidrocarburífera de gran escala. La expansión de Vaca Muerta y el desarrollo de infraestructura asociada generan situaciones en las que pueden superponerse territorialmente derechos mineros, concesiones, permisos e instalaciones vinculadas con el petróleo y el gas.

El nuevo Código busca establecer procedimientos más claros para administrar esas situaciones y reducir los conflictos que puedan surgir entre distintas actividades productivas. La coordinación institucional resulta especialmente importante cuando existen derechos otorgados sobre una misma área o cuando las operaciones requieren infraestructura que atraviesa zonas con otros usos productivos.

Esta discusión fue abordada durante una reunión realizada el 8 de octubre en Zapala, donde autoridades provinciales y representantes del sector analizaron aspectos del proyecto. Entre los temas planteados estuvieron la caducidad de derechos, las dimensiones de las canteras y los procedimientos aplicables en áreas donde conviven minería e hidrocarburos.

Los intercambios muestran que la reforma no se limita a una actualización jurídica. Las decisiones que se adopten tendrán consecuencias sobre el funcionamiento cotidiano de explotaciones existentes, la tramitación de nuevas solicitudes y las condiciones bajo las cuales podrán desarrollarse futuras inversiones.

Las arenas silíceas de Vaca Muerta abren una oportunidad minera

Entre las oportunidades más inmediatas para Neuquén aparece el desarrollo de arenas silíceas destinadas a la fractura hidráulica, un insumo utilizado en las operaciones de producción de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

La actividad petrolera demanda grandes volúmenes de arena con características específicas para los procesos de fracturación. Actualmente, una parte importante del abastecimiento proviene de otras provincias, lo que genera necesidades de transporte y logística asociadas con el movimiento de grandes cantidades de material.

El desarrollo de fuentes de suministro dentro de Neuquén podría contribuir a reducir distancias de transporte y generar nuevas oportunidades para empresas dedicadas a la extracción, el procesamiento y la logística. Sin embargo, la producción local todavía se encuentra en una etapa inicial y de evaluación, por lo que su expansión dependerá de la calidad de los depósitos, las condiciones económicas y las inversiones necesarias.

Las proyecciones difundidas por el sector indican que la demanda de arena para fractura podría superar los ocho millones de toneladas anuales a partir de 2027. Esta escala permite dimensionar el mercado potencial que representa Vaca Muerta para los productores de minerales industriales.

La posibilidad de desarrollar proveedores locales de arena silícea también refleja una relación particular entre minería e hidrocarburos. En Neuquén, ambas actividades no solamente comparten territorio y requieren coordinación regulatoria, sino que pueden integrarse dentro de una misma cadena de abastecimiento.

Oro, plata, potasio y otros minerales en la agenda provincial

Aunque las arenas silíceas representan una oportunidad vinculada directamente con Vaca Muerta, el potencial geológico de Neuquén incluye otros minerales que podrían contribuir a diversificar su economía.

Entre los objetivos de desarrollo aparece la actividad metalífera en Andacollo, vinculada con el oro y la plata. La provincia también busca avanzar en el conocimiento de recursos de potasio, cobre, uranio y tierras raras, aunque el grado de desarrollo de estas oportunidades es diferente y varias requieren nuevas etapas de exploración.

La existencia de potencial geológico no implica que todos esos minerales puedan ingresar inmediatamente en producción. Para transformar un recurso en un proyecto económicamente viable es necesario contar con información suficiente sobre el depósito, desarrollar estudios técnicos, evaluar alternativas de procesamiento y obtener las autorizaciones correspondientes.

En este contexto, la modernización de los procedimientos mineros puede contribuir a mejorar las condiciones institucionales para explorar y desarrollar proyectos. No obstante, su aprobación no garantiza por sí sola la llegada de inversiones, ya que también intervienen factores como la infraestructura disponible, el acceso al financiamiento, los costos operativos y las condiciones de mercado.

La estrategia provincial apunta a construir un marco más favorable para que distintas oportunidades geológicas puedan ser evaluadas y, eventualmente, transformarse en actividades productivas.

El debate incluye un nuevo régimen de regalías mineras

La reforma del Código de Procedimientos Mineros forma parte de una agenda legislativa más amplia impulsada por el Gobierno de Neuquén. En marzo, el gobernador Rolando Figueroa también presentó una iniciativa para establecer un nuevo régimen provincial de regalías mineras.

El proyecto contempla alícuotas de entre 2% y 3% sobre el valor boca mina, con un tratamiento diferenciado según si los minerales reciben procesamiento dentro o fuera de la provincia.

La propuesta busca definir cómo participará el Estado provincial de los ingresos generados por la extracción de minerales, al tiempo que introduce un criterio vinculado con el agregado de valor local. Su tratamiento legislativo es independiente del Código de Procedimientos, aunque ambas iniciativas forman parte de la estrategia para reorganizar las condiciones de desarrollo de la actividad.

Mientras el Código establece cómo se solicitan, administran y conservan los derechos mineros, el régimen de regalías determina las condiciones económicas bajo las cuales la provincia percibiría ingresos por la producción.

La combinación de ambas normas puede influir en las decisiones de inversión, especialmente en proyectos que requieren largos períodos de exploración y construcción antes de comenzar a generar ingresos. Por eso, la previsibilidad administrativa y la claridad de las obligaciones económicas aparecen como elementos complementarios dentro del debate.

El antecedente de San Juan y la importancia de reglas claras

La discusión neuquina también permite observar la experiencia de otras provincias argentinas con mayor trayectoria en el desarrollo de proyectos metalíferos. San Juan, por ejemplo, cuenta con un Código de Procedimientos Mineros aprobado en 2014 mediante la Ley 688-M, que regula aspectos relacionados con la tramitación de derechos, los plazos procesales y los mecanismos administrativos de la actividad.

La comparación muestra que cada provincia necesita adaptar sus procedimientos a sus propias características productivas. Mientras San Juan desarrolló una estructura normativa vinculada con una minería metalífera de mayor peso económico, Neuquén enfrenta el desafío adicional de coordinar su actividad minera con una industria hidrocarburífera ampliamente desarrollada.

Para las empresas interesadas en explorar, la claridad sobre los requisitos y los tiempos administrativos constituye un factor importante de previsibilidad. Para el Estado, contar con procedimientos definidos también facilita la fiscalización, el control del cumplimiento de obligaciones y la administración de los recursos minerales.

Una normativa moderna debe equilibrar estos objetivos, evitando tanto las demoras innecesarias como la pérdida de herramientas de control sobre los derechos otorgados y las actividades autorizadas.

Neuquén busca transformar su potencial minero en inversiones

El debate sobre el nuevo Código de Procedimientos Mineros llega en un momento en el que Neuquén intenta ampliar su desarrollo productivo más allá del petróleo y el gas. Las arenas silíceas asociadas con Vaca Muerta, las oportunidades metalíferas de Andacollo y la presencia de otros recursos minerales conforman una agenda que requiere nuevas inversiones, estudios y capacidades técnicas.

La propuesta de crear una comisión especial refleja la necesidad de alcanzar acuerdos sobre una reforma que tendrá consecuencias para productores, empresas exploradoras, organismos públicos y titulares de derechos mineros. El desafío será avanzar hacia un texto que combine procedimientos ágiles, obligaciones claras y mecanismos efectivos de fiscalización.

La modernización del Código puede convertirse en una herramienta para mejorar las condiciones de inversión minera en Neuquén, pero su impacto dependerá del contenido definitivo de la norma y de su aplicación. Por ahora, la provincia mantiene abierto el debate legislativo y busca construir los consensos necesarios para reemplazar una regulación de 1975 por un marco adaptado a las necesidades actuales de la actividad.

El próximo paso será definir si prospera la comisión propuesta por Canuto y cómo continuará el tratamiento de las reformas. De esa discusión surgirá una parte importante de las reglas con las que Neuquén pretende impulsar su minería durante los próximos años.