El tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo político en el Congreso argentino. Más de 18.000 personas y organizaciones se inscribieron para participar en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados, una cifra que podría ralentizar significativamente el avance del proyecto en el calendario legislativo.

Las audiencias fueron convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para recibir opiniones sobre la modificación de la norma que regula las actividades en zonas glaciares y periglaciares. Bajo el esquema actual —con intervenciones de cinco minutos por expositor— el proceso podría extenderse hasta seis meses si todos los inscriptos finalmente participan.

En principio, el Congreso fijó dos primeras jornadas de debate para los días 25 y 26 de marzo, con exposiciones presenciales y virtuales para garantizar la participación federal. Sin embargo, distintos bloques de la oposición reclaman conocer el listado completo de inscriptos y ampliar el tiempo de debate, lo que ya empuja cualquier votación hacia abril o incluso más adelante.

La discusión gira en torno a una reforma que busca modificar aspectos centrales de la ley vigente, que actualmente prohíbe actividades que puedan afectar glaciares y ambientes periglaciares considerados reservas estratégicas de agua dulce.

Para el Gobierno y varias provincias cordilleranas, actualizar la normativa permitiría destrabar proyectos productivos —especialmente mineros— en zonas hoy restringidas. En cambio, organizaciones ambientalistas y sectores científicos advierten que flexibilizar los criterios podría poner en riesgo ecosistemas clave para el equilibrio hídrico de la región.

Con miles de participantes anotados y posiciones fuertemente contrapuestas, el debate sobre la Ley de Glaciares se perfila como uno de los capítulos legislativos más intensos del año, con impacto directo en el futuro de la minería y el manejo ambiental de la cordillera argentina.