La convocatoria oficial a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero volvió a poner a la Ley de Glaciares en el centro de la agenda legislativa nacional. El proyecto de adecuación de la Ley N° 26.639 será tratado en el Senado, luego de haber obtenido dictamen en diciembre tras un intenso debate que expuso visiones contrapuestas entre el sector productivo, el ámbito científico y las organizaciones ambientalistas.

Desde la mirada de la industria minera, el consenso sobre la necesidad de proteger glaciares y ambientes periglaciales estratégicos es amplio. Sin embargo, el eje del conflicto aparece en la definición y alcance del concepto de “ambiente periglacial”, considerado excesivamente amplio y poco preciso. Según referentes del sector, esta ambigüedad ha derivado en la paralización o judicialización de proyectos clave, incluso en zonas donde no existen reservas hídricas estratégicas comprobadas.

En este punto, los gobernadores que integran la Mesa del Cobre, encabezada por San Juan, plantean un reclamo central: que la determinación de qué áreas deben ser protegidas se realice caso por caso, con respaldo técnico y participación activa de las provincias como titulares de los recursos naturales. La discusión no es menor: buena parte de los proyectos de cobre y litio —minerales críticos para la transición energética— se encuentran en regiones de alta sensibilidad normativa.

El debate sobre la Ley de Glaciares no se limita a una cuestión ambiental. También pone en juego el modelo de desarrollo federal, la previsibilidad regulatoria y la capacidad del país de atraer inversiones de largo plazo en un escenario global altamente competitivo. La falta de definiciones claras podría profundizar la brecha entre potencial geológico y proyectos efectivamente ejecutados.

Fuente: Latinmining con información de Mineria y Desarrollo