La Corte de Apelaciones de Copiapó resolvió otorgar fuerza pública para poner fin al bloqueo de accesos a la planta desalinizadora de Mantoverde, ocupada por el Sindicato N°2 desde el inicio de la huelga el pasado 2 de enero. La medida apunta a restablecer el funcionamiento de una infraestructura considerada crítica para la operación.

Según el fallo, el bloqueo se mantuvo durante casi dos semanas, impidiendo el ingreso de personal y afectando el normal desarrollo de las actividades. El tribunal concluyó que la acción excede el marco legal de una medida de fuerza, por lo que habilitó la intervención para garantizar el libre acceso al recinto.

La resolución judicial refuerza la posición de la compañía en medio de un conflicto laboral que ya generó impactos operativos y económicos. Al mismo tiempo, introduce un nuevo elemento institucional en una negociación que continúa abierta y bajo tensión.

El caso vuelve a poner en discusión los límites de las medidas de protesta en contextos donde están involucradas infraestructuras estratégicas para la continuidad productiva del sector minero.

Fuente: Latinmining con información de Portal Minero