El Decreto Supremo N° 006-2025-EM incorpora cambios clave, como la implementación de garantías financieras para los componentes principales del cierre progresivo. Estas garantías deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres años a partir del 20 de marzo de 2025.

Además, se refuerza la fiscalización con nuevas facultades para el OEFA y OSINERGMIN, permitiéndoles adoptar medidas inmediatas ante incumplimientos o riesgos ambientales. También se establece la posibilidad de acceder de manera forzosa a unidades mineras en caso de abandono, con plazos de ejecución reducidos.

Otro aspecto relevante es la inhabilitación por cinco años para titulares mineros que no cumplan con el cierre de sus operaciones o causen daños ambientales. Estas medidas buscan garantizar mayor transparencia en el sector y reforzar la seguridad jurídica para las inversiones responsables.

Fuente: LatinMining con información de Rumbo Minero