Bolivia busca transformar su potencial geológico en una nueva etapa de inversión minera.
El gobierno de Rodrigo Paz puso en marcha durante 2026 un proceso de reformas destinado a actualizar la legislación del sector, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar las condiciones para atraer nuevos operadores.
La estrategia oficial incluye la preparación de una nueva normativa minera, en paralelo con reformas sobre inversiones y otros sectores productivos. El Ministerio de Minería y Metalurgia confirmó además que trabaja en un nuevo Código Minero mediante mesas técnicas en las que participan minería estatal, privada, cooperativas y otros actores.
El objetivo es revertir una realidad que contrasta con la riqueza mineral del territorio: Bolivia comparte la geología andina con Chile y Perú, posee importantes recursos de litio y mantiene producción relevante de plata, estaño, zinc y plomo, pero buena parte de su territorio continúa insuficientemente explorado.
Las cooperativas, una pieza central del modelo boliviano
Cualquier reforma deberá considerar una característica estructural de la minería del país: el peso de las cooperativas.
La fuente analizada estima que cerca de medio millón de trabajadores están vinculados al sector cooperativista y atribuye a estas organizaciones aproximadamente la mitad de la extracción mineral boliviana.
Su dimensión convierte a las cooperativas en un actor económico, laboral y político que difícilmente puede quedar fuera de cualquier transformación profunda del sector.
De hecho, el propio proceso oficial para elaborar un nuevo Código Minero contempla su participación junto con representantes de la minería privada, estatal, pequeña minería, especialistas y otros sectores productivos.
La discusión, por lo tanto, no se limita a elegir entre cooperativas o grandes compañías internacionales.
El desafío consiste en definir cómo pueden convivir diferentes modelos de explotación bajo reglas suficientemente claras para generar inversión, producción, fiscalización y seguridad jurídica.
Asociaciones entre empresas y cooperativas
Uno de los caminos considerados es ampliar las posibilidades de cooperación entre operadores privados y organizaciones cooperativas.
El material relevado señala que entre las modificaciones analizadas aparecen mecanismos para facilitar alianzas entre empresas privadas y cooperativas, fortalecer derechos relacionados con la exploración y revisar aspectos de la carga tributaria.
Existen experiencias que muestran cómo podría funcionar esa convivencia.
En Porco, Santacruz Silver Mining, propietaria de operaciones adquiridas a Glencore en 2022, trabaja junto con cooperativas que explotan determinados sectores mientras la compañía desarrolla otras áreas de la operación.
El esquema busca compatibilizar la presencia histórica de los productores locales con operaciones empresariales de mayor escala.
Pero también expone dificultades.
Representantes de la industria mencionan problemas vinculados con invasiones de concesiones, informalidad y dificultades para determinar el origen del mineral que ingresa en determinados circuitos comerciales.
Por eso, la seguridad jurídica aparece como uno de los ejes centrales de cualquier intento de atraer capital internacional.
Un nuevo Código Minero en discusión
El Gobierno boliviano confirmó durante 2026 que trabaja en una reforma integral del marco normativo.
La Cumbre Nacional Minera reunió mesas técnicas con diferentes actores para elaborar propuestas sobre seguridad jurídica, productividad, sostenibilidad, institucionalidad y modernización del sector.
El proceso todavía está en construcción y, por lo tanto, no corresponde presentar esas modificaciones como leyes ya vigentes.
La administración de Paz también anunció una agenda legislativa más amplia destinada a promover inversiones, que incluye nuevas normas para minería, inversiones, hidrocarburos y asociaciones público-privadas.
El propio Ministerio de Minería sostiene que el objetivo es reducir obstáculos a la inversión y posicionar nuevamente al país dentro del radar internacional de compañías y mercados de capitales.
El capital internacional vuelve a observar Bolivia
Existen algunas señales de interés.
Según el material seleccionado, San Cristobal Mining, propietaria de la mina adquirida a Sumitomo en 2023, analiza una expansión que podría duplicar su producción de plata durante los próximos años.
Santacruz Silver también acelera proyectos y evalúa oportunidades adicionales en el país.
A esto se suma un hecho poco habitual: el Toronto Stock Exchange realizó durante 2026 su primer evento de inversionistas en Bolivia, mientras representantes gubernamentales incrementaron su presencia en encuentros internacionales vinculados con minería y minerales críticos.
Son señales de acercamiento, aunque todavía existe una distancia considerable entre el interés exploratorio o financiero y la llegada efectiva de grandes inversiones.
Bolivia no pone en operación una mina de gran escala desde 2007, según la información relevada, y parte de su producción continúa dependiendo de activos maduros.
Potencial geológico versus capacidad de ejecución
Esa diferencia probablemente sea la cuestión central.
El país posee minerales demandados por industrias globales, una larga tradición minera y extensas áreas con potencial geológico.
Pero disponer del recurso es solamente el punto de partida.
Para convertir ese potencial en proyectos serán necesarias exploración, financiamiento, infraestructura, permisos, estabilidad normativa y mecanismos capaces de resolver la convivencia entre diferentes actores que ya operan sobre el territorio.
La reforma que prepara Bolivia busca intervenir precisamente sobre varias de esas condiciones.
El desafío no será desplazar a las cooperativas para abrir espacio a la inversión privada, sino construir un marco donde minería cooperativa, estatal y empresarial puedan coexistir con derechos definidos, fiscalización y reglas suficientemente previsibles para movilizar nuevo capital.
Si el país consigue resolver esa ecuación, su potencial en plata, zinc, estaño, oro, cobre y minerales críticos podría encontrar una nueva oportunidad de desarrollo. Pero la verdadera medida del cambio no estará en los anuncios de apertura, sino en la capacidad de convertir las reformas en exploración, financiamiento y nuevos proyectos efectivamente construidos.
